El 14 de agosto el Ministerio de Defensa emitió la resolución 4695 en la que deja en firme el retiro de las filas militares a ocho oficiales. 

Según el documento, el despido involucra a los coroneles Hernán Gómez Naranjo, Félix Gabriel Churio, Miguel Antonio Beltrán y Henry Yesid Peña. Los otros cuatro son los mayores Jaime de Jesús Avendaño, Jorge Gordillo Benítez, Daniel Vargas Losada y Jarvin Ungría Rodríguez. 

Algunos de estos nombres no son desconocidos en los estrados judiciales. Por ejemplo, en el caso del coronel Gómez Naranjo fue procesado por los delitos de concierto para delinquir tras ser señalado de promover grupos armados organizados y de homicidio. Al final de su etapa de juicio fue absuelto de los cargos por orden del juzgado cuarto penal de Bogotá. 

El coronel Churio en 2014 también fue llamado a juicio y estuvo preso por casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinados Edison de Jesús Aguirre Zapata y Juan Carlos Usquiano Graciano, hechos que ocurrieron en Antioquia en 2005. 

Los asesinatos de Aguirre y Usquiano se produjeron luego de que un grupo de autodefensas urbanas los secuestraron en el barrio 20 de julio de la capital antioqueña y posteriormente se los entregaron a militares del Pelotón Antiterrorista Urbano de la Cuarta Brigada. Las víctimas mortales fueron reportadas como muertas en combate en un presunto enfrentamiento con tropas. 

Junto a los cadáveres hallaron un revólver y un changón, lo que llamó la atención de los investigadores a quienes no les cuadraba la teoría de que los jóvenes se hubieran enfrentado a comandos especializados con este tipo de armas. 

Beltrán Chacón fue procesado el 30 de enero de 2013 por homicidio en persona protegida y falso testimonio, expediente relacionado con el asesinato de Carlos Julio Gutiérrez López, Élder Toloza Zulvarán y Ángel Gabriel Virgüez García, quienes fueron presentados como muertos en combate.

Estos crímenes fueron cometidos en octubre de 2006 en inmediaciones del municipio de Vistahermosa (Meta) cuando el batallón de Contraguerrillas No. 38 perseguía a un grupo de guerrilleros del frente 27 de las Farc. 

Al verse acosados por las tropas, los subversivos abandonaron una camioneta Toyota en la que se movilizaban y en cuyo interior había dos fusiles AK 47, cuatro proveedores, un chaleco, dos granadas, un radio, una brújula y 130 cartuchos calibre 32.

De este caso es la recordada frase ‘búsqueles novia a esas armas’ que hacía referencia a una orden militar de conseguir personas para mostrar un resultado completo. 

El expediente del caso que se abrió en contra de Beltrán Chacón reveló los testimonios de soldados que presenciaron los hechos y que no estuvieron de acuerdo con la situación. 

En su momento, la Fiscalía dijo que en una de esas declaraciones se aseguraba que “una de las víctimas tenía elementos de aseo y caminaba en sandalias, pero, posteriormente, fue presentado vistiendo uniforme y botas de caucho y llevando un radio de comunicaciones y una granada”.

Por casos similares estuvo en líos con la justicia el mayor Jorge Gordillo Benítez. Su arresto fue en enero de 2016 dentro del expediente que investigaba las muertes de Diego Armando Heredia Monroy y Domingo Antonio Castro Zorro, perpetradas el 12 de octubre de 2007 y quienes fueron presentados como muertos en combate en Tauramena, Casanare, por parte del Batallón Ramón Nonato Pérez. 

El mayor Daniel Vargas Losada inició su proceso ante los estrados en mayo de 2011 cuando fue ordenada su detención por cuenta de la muerte de Andrés Felipe Espinosa Jiménez, presentado como integrante de las Farc, el 27 de mayo de 2003 en Yarumal, Antioquia. 

El caso del mayor Ungría Rodríguez es el que más llama la atención. En 2017 fue condenado a pagar ocho años y ocho meses de cárcel por exigirles a los propietarios de una cadena de almacenes la suma de mil millones de pesos para favorecer una investigación en su contra por delitos de lavado de activos, contrabando y evasión de impuestos. No obstante, en contra de los empresarios no había ningún expediente en curso. 

La Fiscalía dijo ante el estrado que “en varias reuniones y llamadas telefónicas a las víctimas, Ungría Rodríguez les pedía $1000 millones de pesos para suspender o frenar la supuesta investigación que existía en su contra, o de lo contrario sus bienes serían objeto de extinción de dominio. Las víctimas le manifestaron que la suma era bastante alta, la cual al final quedó en $500 millones, pagaderos inicialmente $300 millones y posteriormente el resto, según el oficial”. 

Lo que aún no han explicado desde el Ministerio de Defensa o desde el Comando del Ejército es por qué, pese a la sentencia ejecutoriada, Ungría Rodríguez solo fue sacado de las filas dos años y medio después.