La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes designaron a los investigadores que tendrán a cargo esclarecer el escándalo por los presuntos actos de corrupción que habrían tenido lugar entre magistrados y congresistas.

El magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa deberá revisar los documentos recopilados por la Fiscalía General de la Nación tras las conversaciones que involucran a los congresistas Musa Besaile, Hernán Andrade y al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Hernández Barbosa, abogado de la Universidad Libre con especialización en derecho penal, fue director seccional de Fiscalías de Medellín y de Bogotá, juez de Instrucción Criminal y magistrado auxiliar de la sala Penal de la Corte desde hace 20 años.

Esta misma documentación, incluidos folios del Departamento de Estado de EE.UU., fue remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para iniciar el proceso contra los exmagistrados José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte.

Fabio Arroyave, del Partido Liberal y Edward Rodríguez, del Centro Democrático, serán los encargados de esclarecer la presunta recepción de pagos a cambio de resultados judiciales en la Corte Suprema de Justicia, por parte de los expresidentes de este alto tribunal Bustos y Ricaurte.

Arroyave, abogado y magister en Derecho Constitucional, fue concejal de Cali por el Polo Democrático y se le considera cercano al exvicepresidente Angelino Garzón.

A su vez, Rodríguez es abogado, militó desde muy joven en las filas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue asesor de asuntos legislativos del Ministerio del Interior y Justicia, participando en la elaboración de la Ley de Justicia y Paz, Seguridad y Convivencia, Ley Antitrámites, entre otras. Aparte, fue secretario privado del exvicepresidente Angelino Garzón.

En manos de estos juristas estará uno de los casos más graves de corrupción en las altas cortes del país.