Todos los grupos armados organizados que existen en Colombia cuentan con más integrantes de los que tenían antes de que el Gobierno firmara la paz con las Farc.

La salida de esa guerrilla del conflicto dejó un espacio vacío que fue aprovechado por los grupos ilegales, porque en la institucionalidad no se tomaron las precauciones para evitar el reocupamiento de esos lugares.

“Para la época en la que se firmó el Acuerdo se habló de cuáles serían los nuevos roles de las Fuerzas Militares, incluso pensando en misiones de paz en el extranjero, porque supuestamente ya no serían necesarias en el país. En realidad era necesaria la presencia permanente en los territorios, para consolidar la paz y el posconflicto. Además de la Fuerza Pública, tenía que hacerse con toda la institucionalidad, pero no ocurrió”, explicó Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.

Grupos que parecían incipientes se fueron consolidando con el paso del tiempo y hoy son algunas de las principales amenazas del país, alimentadas por economías ilegales que abundan en esas zonas abandonadas por el Estado: narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos, extorsión y secuestro.

Así lo reconoció el Gobierno en el Plan Nacional de Seguridad y Defensa: “En el plano interno, la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en algunas zonas generan vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos criminales. Tales vacíos constituyen la principal amenaza a la seguridad”.

En datos

De acuerdo con cifras de ese plan, las disidencias de las Farc (denominados como GAO residual) ya suman 3.000 integrantes, entre individuos en armas y redes de apoyo (conocidas como milicias); tienen capacidad de acción violenta. 

En el último año el Eln creció en cerca de 1.000 miembros vinculados a estructuras violentas, llegando a ser más de 4.000.

El Clan del Golfo conserva más de 1.600 hombres en armas, junto a un número superior, aún no determinado por inteligencia, de personas vinculadas a redes criminales.

Hay que agregar a Los Caparrapos, una disidencia del Clan del Golfo que ahora tiene en jaque a poblaciones del Bajo Cauca Antioqueño, y el Epl (o Los Pelusos), grupos que según cálculos de inteligencia militar están en 250 y 260, respectivamente.

Ese crecimiento se ve reflejado en la retoma de acciones violentas que se creían olvidadas: atentados directos a la Fuerza Pública, como la ocurrida hace una semana en Arauca, donde atacaron una base militar con explosivos, o en Uribe, Meta, donde dejaron un explosivo en una bolsa junto a un polideportivo; siembra de minas antipersonal, una práctica que solo hacían las guerrillas y ahora hacen las bandas criminales para cuidar cultivos de uso ilícito.

Más grave aún es el fortalecimiento de sus estructuras urbanas capaces de perpetrar ataques como el de la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá.

¿Las cifras son ciertas?

La metodología que el Gobierno utiliza para calcular los hombres que hacen parte de un grupo es cuestión de inteligencia: los desmovilizados o capturados brindan información a cambio de beneficios, y en ella detallan cómo está constituido el grupo al que pertenecen, quién es quién y cuántos son; lo que se suma a las interceptaciones telefónicas, a los testimonios de pobladores y a la información encontrada en allanamientos y operativos.

Por eso, Rosanía consideró que el Gobierno siempre es conservador en sus cifras, y que cuando se investiga el asunto más a fondo, usualmente los grupos ilegales terminan teniendo más miembros.

Sin embargo, para Kyle Johnson, analista para Colombia de International Crisis Group, las estadísticas no conversan con la realidad. “Con respecto al Eln, si las cifras hablan de hombres en armas está demasiado inflada, pero si lo hace sobre armados, más milicias, es muy baja. El Eln es fuerte políticamente”, consideró.

Así que cree que inflar las cifras puede ser una buena estrategia para avalar su política guerrerista, asegurarle el futuro a la Fuerza Pública, y desvirtuar la salida negociada como opción viable.

De hecho, el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, dijo en una entrevista con El Colombiano: “Creo que en los procesos de paz algunas organizaciones delictivas aprovechan para crecer. Por ejemplo, el Eln en estos 17 meses de diálogo que tuvo con el Gobierno anterior, lo que hizo fue incorporar, planificar acciones terroristas y realmente nunca se notó la verdadera voluntad de paz”.

Al respecto, Jeremy McDermott, cofundador de Insight Crime, un centro de estudios del crimen organizado trasnacional, opinó que el dato de 4.000 hombres del Eln es una subestimación de esa estructura, cuyos tentáculos, según ha probado su fundación, llegan a 12 estados venezolanos, asunto que es muy difícil de medir por parte de la Fuerza Pública colombiana.

Se cambió el enemigo

Los dos últimos años del Gobierno de Juan Manuel Santos se dieron fuertes golpes contra el Clan del Golfo. En operaciones militares murieron tres de los hombres más fuertes de su cúpula: alias Gavilán en septiembre de 2017, Inglaterra en noviembre de 2017 y el Indio Aristides en marzo de 2018. 

Y hacia el final de esa administración se había diseñado un mecanismo para facilitar el sometimiento voluntario de esa estructura, iniciativa que no prosperó, pero que llevó a alias Nicolás, también de la cúpula, a entregarse en las primeras horas del gobierno de Iván Duque.

Pero esa tuerca se soltó. Según el monitoreo que realizan en Insight Crime, “la presión sobre Otoniel ha bajado, y creemos que están recuperando un poco de territorio y este número podría aumentar, si no lo ha hecho ya”.