Con un respaldo unánime de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes, se dio aval a uno de los proyectos de ley que se incluyeron en el pacto político que se dio luego de la consulta anticorrupción, el relacionado con la publicación de la declaración de renta.

El proyecto, en lo votado este martes, dispuso que serán todos los funcionarios del Estado los que tengan que presentar y hacer pública sus declaraciones de bienes y rentas, como también los conflictos de interés que tengan al momento de asumir sus cargos públicos.

De acuerdo con el artículo aprobado, la información que deberá ser publicada, incluye: “La declaración juramentada de bienes y rentas, el registro de interés, así como la declaración del impuesto de renta y complementarios”, y los obligados a cumplir con esta obligación serán “los servidores públicos electos mediante voto popular, los magistrados de las altas cortes, tribunales y de la Justicia Especial de Paz, consejeros del CNE, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General, Contador General, Registrador Nacional, directores de departamentos administrativos y directores de unidades administrativas especiales, quienes ejercen cargos directivos y gerenciales en el Estado...”. 

Un aspecto novedoso en el articulado votado es que incluye a los particulares. 

Con respecto a los mismos se determina que en la ley deberán hacer este mismo procedimiento si “desempeñan funciones públicas o presten servicios públicos o administren bienes o recursos”.

Durante la sesión además se generó una controversia cuando el senador de la U, Armando Benedetti, propuso que se incluyera que entre los particulares que estaban obligados a publicar su declaración estuvieran los directores de los medios de comunicación. 

La idea finalmente no contó con el respaldo y no se tramitó. 

La ponente de la iniciativa, senadora Angélica Lozano, sostuvo que la declaración de bienes es la “pepa central de este asunto”, pero advirtió que el “gran debate será en la plenaria, pero hay un temor que al hacerlo extensivo a todos los funcionarios públicos, incluyendo hasta el último portero del país, lo que hace es que haya una estrategia de hundirlo”.

Por su parte la representante Juanita Gobertus, ponente en la Cámara, sostuvo que los documentos que se deben presentar en el sistema que es Sigep, en donde cualquier ciudadano podrá acceder a conocer dicha información. Los datos particulares de cada bien no serán publicados.

A su turno la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que “lo importante es que pasó este proyecto y vamos a sacar adelante toda la agenda legislativa” y frente al tema de que todos los funcionarios deben publicar esa información sostuvo que “es una norma general, se buscaba una excepción, pero las comisiones quisieron que se extendiera y definitivamente estamos de acuerdo porque este es un proyecto que genera transparencia”.

Al proyecto ahora le falta su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara, lo cual se estaría dando una semana después de que esté lista la ponencia.