Mientras el número de víctimas registradas en el país ya supera los siete millones de personas, el Gobierno Nacional suma esfuerzos para aumentar los recursos destinados a la ruta integral de reparación, programa que en opinión de algunos sectores, tardaría mucho más de lo planeado.

Además el pasado 10 de junio venció el plazo para que las personas que se consideren víctimas del conflicto y hayan sufrido un hecho victimizante entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011, presentaran su declaración para ser incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Según el presidente Juan Manuel Santos, más de 500 mil víctimas de las 7.392.679 registradas, han sido reparadas a través de una ruta integral que incluye como pocos países a los desplazados, despojados de tierra, víctimas del terrorismo, tortura, secuestro y delitos contra la integridad sexual.

Por esta razón se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para ampliar dos años más este registro, facilitar el mismo y dar reconocimiento expreso y legal del desplazamiento intraurbano como hecho victimizante.

Ante las críticas de la capacidad presupuestal para reparar más víctimas, el senador del Polo Democrático Alexánder López Maya explica que el tema no puede mirarse desde el punto de vista fiscal “porque el conflicto armado en Colombia todavía no se ha acabado y se hace imposible cerrar el registro hasta que termine”.

De acuerdo con un censo realizado por la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448, tan solo un 0.9 % de las 500 mil víctimas que se encuentran en el exterior han podido inscribirse en el RUV.

La alarmante cifra responde tanto al temor de algunos connacionales que temen perder su estatus de refugiados si acceden a las medidas de reparación, como a la falta de herramientas efectivas que impiden que la atención que requieren sea garantizada.

Lo mismo ocurre a nivel nacional por la amenaza latente de grupos armados en ciertos territorios donde hay poca presencia estatal, se dificulta la tarea de desplazarse a un sitio de recepción de declaración e inclusión en el registro oficial de víctimas.

Para esto el proyecto de ley que busca extender el plazo de registro tiene elementos nuevos como la obligatoriedad de los medios de comunicación y canales públicos de generar una información mayor y precisa que permita a las víctimas conocer cómo se desarrolla el proceso de inscripción.

¿Es viable la reparación?

Sin embargo, desde sectores como el Centro Democrático, cuestionan la viabilidad de la reparación a todas las víctimas del conflicto. Así lo advierte la senadora Paloma Valencia quien calificó la ley como ‘impagable’ pues “el país no tiene los recursos para proponerlo y menos aún tiene sentido un registro único de víctimas que se cierra con un plazo cuando las víctimas se siguen produciendo todos los días y nuevos ciudadanos hoy y mañana siguen siendo víctimas”, consideró.

Ante esto el Gobierno explica que pese al incremento en el registro, el 72% de los hechos ocurrieron antes del año 2012, lo que demuestra que las víctimas sienten confianza en la reparación.

La Unidad de Víctimas por su parte asegura que en el 2015 se incrementó el presupuesto asignado a este sector en un 97% con respecto al 2010 y que las complicaciones en la ejecución responden a las pocas oportunidades para entregar la atención humanitaria, por falta de presupuesto oportuno.

Los obstáculos

Estudios del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, aseguran que no hay claridad en qué tipo de reparación han tenido las víctimas reparadas, si estas fueron beneficiadas en procesos colectivos y si han tenido un enfoque preferencial.

También advierten que los montos que se están reconociendo a las víctimas de desplazamiento son muy bajos ya que con el decreto 1290 de 2008, se reconocían hasta 27 sueldos mensuales por desplazamiento, cifra que bajado a 17 con la Ley de víctimas.

Por otra parte, hallazgos de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley de Víctimas, conformado por la Procuraduría, Defensoría y Contraloría, señalan que otro obstáculo para la ejecución de la ley es que persiste un alto riesgo de nuevas victimizaciones. Además, cuestionan la desconexión y falta de continuidad entre el componente de ayuda humanitaria y estabilización socio-económica, lo que está llevando a depender del subsidio monetario de ayuda humanitaria.

*Cali, El País | Colprensa