Con una sanción disciplinaria de 13 años impuesta por la Procuraduría y con una imputación de cargos por parte de la Fiscalía, será recibido Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, cuando sea deportado al país después de que fue capturado en la mañana de este jueves en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). 

Lyons fue una de las fichas claves para las investigaciones del escándalo de corrupción en la justicia conocido como 'El cartel de la toga'.

En 2017 colaboró con la justicia de Estados Unidos para tender una trampa y lograr la captura detenido Luis Gustavo Moreno, que para ese entonces era el director anticorrupción de la Fiscalía. 

El exfuncionario le había prometido a Lyons beneficiarlo en investigaciones que se adelantaban en su contra en la entidad y que sumaban en total 20.

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En su momento, la Fiscalía indicó que Moreno Rivera, al parecer, se encontró entre los meses de febrero y marzo del 2017 con el exgobernador Lyons en la ciudad de Bogotá, para ofrecerle beneficios e información privilegiada de los casos que enfrenta, a cambio de dinero. En esta reunión, Moreno habría solicitado cien millones de pesos. 

El nombre de Alejandro Lyons también aparece vinculado al expediente que se sigue contra el también exgobernador de Córdoba Edwin José Besaile Fayad, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho por dar y ofrecer y falsedad en documentos. 

El ente acusador presentó ante los jueces un informe detallado de la manera en que Besaile habría recibido de manos de Lyons Muskus 2.100 millones de pesos para el financiamiento de su campaña electoral. Monto que, al parecer, provenía de las regalías departamentales. 

En su proceso penal actualmente hay un preacuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia y en él hay una matriz de colaboración en la que se compromete a dar información sobre tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, un exdirector nacional de la Fiscalía, un excongresista y contra varios exfuncionarios de la administración departamental de Córdoba. 

En esta negociación quedó en firme que purgará una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, sin el beneficio de la detención domiciliaria. El compromiso también contempla la devolución del dinero del que se adueñó en desarrollo de actos de corrupción en materia de regalías en Córdoba y aportar la información necesaria, que permite identificar el destino del dinero que terminó en manos de terceros

Por el lado de la Procuraduría el fallo en su contra es porque el Ministerio Público lo halló responsable de recibir 4.000 millones de pesos de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, y apropiarse del 50% de dicha cantidad para que este contratista siguiera prestando servicios médicos asistenciales para pacientes con hemofilia, entre 2013 y 2015.

La situación jurídica de Lyons está por ser determinada de manera concreta, ya que su participación como testigo de las autoridades de Estados Unidos le permitía permanecer en ese país, pero su regreso a Colombia indica que su permiso migratorio habría sido revocado, sin que se conozcan detalles sobre esto.