La cifra habla por sí sola. Los colombianos no solo siguen acudiendo a la acción de tutela como recurso para hacer valer sus derechos, sino que lo hacen masivamente: desde enero hasta abril del presente año, la Corte Constitucional radicó 205.771 tutelas, esto es, cerca de 1.600 acciones de este tipo al día.

El número se hace relevante si se tiene en cuenta que, en un informe publicado en septiembre del año pasado, consta que según datos oficiales, el promedio de tutelas radicadas por día desde 1991, cuando fue creado el mecanismo, es de 737.

El panorama es complejo, al punto que en la reforma a la Justicia que se hundió en diciembre en el Congreso, el gobierno de Iván Duque propuso cambiar las reglas de juego con las que los colombianos reclaman la protección de sus derechos fundamentales: que solo entable una tutela quien tenga interés directo en su resultado, que solo los jueces especializados en el derecho vulnerado decidan sobre ellas y que se estipulen plazos para interponerlas.

Y es que cada que se hacen balances sobre este recurso, surgen voces que alertan la congestión del sistema judicial. Sin embargo, expertos coinciden en que modificar la tutela sería nefasto y que lo que demuestran las cifras es un grave retroceso en la garantía de derechos para los ciudadanos.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre de Bogotá, manifestó que “el intento de reforma a la administración de justicia, empezando por la acción de tutela, ha inquietado a la opinión pública y creo que el problema de la justicia no está ahí, sino en la alta vulneración de derechos y la insatisfacción que hay en las personas, especialmente en la reclamación de sus derechos fundamentales”.

De hecho, asegura el académico, el número de tutelas radicadas “es un indicador para estar alerta sobre la grave situación de derechos humanos que hay en este país”.

Una postura similar adoptó Bernardita Pérez, magíster en Filosofía Política y docente de la Universidad de Antioquia, quien acotó que “los colombianos no sufrimos de una enfermedad que se llame ‘tutelitis’, no reclamamos por tutela por capricho o porque sí. Tenemos que acudir a la tutela porque en Colombia no existe una justicia pronta, oportuna y adecuada, y la tutela es, razonablemente, lo que más se le parece”.

Para la experta, en lugar de considerar modificaciones al recurso, “si somos leales, honestos y serios, tenemos que revisar cómo funciona nuestro aparato estatal, conforme al cual los ciudadanos tenemos que seguir acudiendo a la tutela porque no tenemos otros medios de defensa. Cómo vamos a acabar con la tutela justamente porque se utiliza mucho, lo que hay es que fortalecer los otros medios de defensa judicial, pero fundamentalmente los entes del Estado tienen que aprender a respetar los derechos de los ciudadanos”.

Los derechos más afectados

De acuerdo a información revelada por la Corte Constitucional, en el preocupante ranquin de derechos más reclamados mediante tutela están el derecho de petición (78.309), la salud (69.530), el debido proceso (25.866) y el mínimo vital (13.844).

La lista la completan el derecho a la ayuda humanitaria (9.121), la seguridad social (7.552), la vida (5.998), la estabilidad laboral (3.642), el trabajo (2.967) y la reparación a población víctima de desplazamiento (2.430).

Para Burbano, esto demuestra la “gran afectación a la salud, no solamente en el acceso de las personas al sistema, sino que inclusive en algunas EPS se les dice a los propios ciudadanos que deben interponer tutelas, por ejemplo, para la entrega de medicamentos y prestación de otros servicios”.

Por eso, señala el académico, “esto significa que hay que hacer toda una reingeniería del sistema de salud, porque independientemente de las decisiones que tome la Corte Constitucional”, materializarlas sigue siendo muy dificultoso para los ciudadanos”.

Burbano concluyó que parte del problema es que el recurso se ha entendido mal: “Las entidades la han tomado, casi, como un requisito más para prestar ciertos servicios o para justificar sus decisiones. Ese error procedimental y no la tutela en sí, termina congestionando la administración de justicia”.