La Comisión de Expertos que se encarga de evaluar el impacto económico, social y medioambiental de la puesta en marcha de yacimientos no convencionales en Colombia, publicó el documento final con el detalle de las recomendaciones.

Para el grupo de expertos se requiere, más que una política de Gobierno entorno a los cambios que traerá el fracking a Colombia, una política estatal donde será fundamental la articulación “de los actores en torno a una nueva matriz energética que contribuya al desarrollo integral y sostenible”.

El pacto importa en la medida en que serán tanto Gobierno como ciudadanos quienes puedan sacarle provecho a los beneficios económicos que traiga un uso responsable de este tipo de prácticas exploratorias, al menos eso cree la Comisión: “Dicho pacto constituiría una oportunidad para impulsar la diversificación de la economía y el cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Sin embargo, académicos y defensores del medio ambiente han dado a conocer su descontento por lo que pueda ser la autorización de esta práctica aludiendo a la afectación a recursos hídricos, así como el golpe que representaría para las comunidades en las que se quieren llevar a cabo los proyectos de explotación mediante el uso de yacimientos no convencionales.

Voces como la de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, entraron al debate para dar a entender cuán importante es contar con más reservas de petróleo y gas para garantizar la demanda nacional y extranjera de los materiales. 

“Es entendible la preocupación que existe en varios sectores, y es indudable que todos queremos cuidar el medio ambiente y los recursos hídricos. Este es un debate que lleva tiempo y por eso necesitamos dialogar para tener una mejor información, en donde nosotros tenemos que hacer más pedagogía para acercarnos a las comunidades”, explicó el presidente de la petrolera en octubre del año pasado.