“Este es un mensaje absolutamente claro, inequívoco, contundente, hacia la insurgencia en La Habana, de que el Estado colombiano cumple, que honra su palabra cuando se compromete a soluciones negociadas de un conflicto, como lo hizo con las autodefensas”. 

Así calificó el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, la reciente excarcelación del excomandante paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”. 

El antiguo jefe del bloque Élmer Cárdenas, que delinquió en Antioquia, Chocó y Córdoba, salió de la cárcel de Itagüí el pasado jueves, tras cumplir ocho años de pena alternativa. 

Para Montealegre, esta situación tendrá un eco importante en la mesa de conversaciones de Cuba. “El país hizo un compromiso de justicia transicional con los paramilitares, y si ellos cumplen, la justicia colombiana tiene que honrar la palabra con los desmovilizados”, reiteró. 

En igual sentido se pronunció el abogado Michel Pineda, quien ha sido defensor y asesor de varios excomandantes de las Auc y preside la Corporación Compromiso Colombia. “La salida de los exjefes paramilitares que cumplieron sus compromisos de ley, coincide históricamente con los diálogos de La Habana, y allá no tendrían más que aplaudir que el Gobierno cumpla lo que prometió, porque eso es el espejo de lo que a futuro ocurrirá con la guerrilla”. 

Aunque las Farc no se han referido oficialmente al tema, en el pasado habían manifestado sus inquietudes hacia el cumplimiento gubernamental de los acuerdos pactados en las negociaciones de Ralito. 

“Si no les cumplen a los ‘paras’, que trabajaron con ellos, quién sabe cómo será con nosotros”, comentó con ironía alias “Iván Márquez”, negociador de los subversivos, a principios de este año. 

La colaboración 

Las normas que regulan la justicia transicional con los paramilitares (Ley 975 de 2005 y ley 1592 de 2012) establecen que podrá acceder a los beneficios aquel postulado que colabore con el esclarecimiento de la verdad, contribuya a la reparación de las víctimas y deje de delinquir, entre otros ítems. 

En el caso de “el Alemán”, la Fiscalía ha valorado sus testimonios, delaciones y aceptación de culpas, que impulsaron procesos investigativos como la “parapolítica”. Rendón detalló nexos entre el bloque Élmer Cárdenas y la clase política de los tres departamentos en los que delinquió. 

Por la presunta participación en el movimiento “Por un Urabá grande, unido y en paz”, que contaba con el auspicio de las Auc, han caído a la cárcel más de 20 políticos. Incluso con información recolectada en las versiones de justicia y Paz, o en los computadores de exjefes paramilitares como “Jorge 40”, los organismos del Estado lograron establecer estos vínculos ilegales. 

Es así como la Misión de Observación Electoral, MOE, tiene registradas en sus archivos 41 condenas por parapolítica, 147 personas en investigación por nexos con grupos irregulares y 10 en proceso. 

Casos similares se presentaron con el llamado “Pacto de Marisco” (Margen Izquierda de Córdoba), con el cual Rendón extendió su influencia en esa región. La información de este exjefe paramilitar nacido en Amalfi, sirvió para la ubicación de 180 fosas clandestinas en el norte de Chocó y el Urabá antioqueño, de las cuales se espera recuperar al menos 150 víctimas, según la Fiscalía. 

De la misma manera, sus versiones libres ayudaron a esclarecer asesinatos como la muerte de Orlando Valencia, vocero de las negritudes en Mutatá (Antioquia); 0 la del alcalde de Riosucio (Chocó) Benjamín Arboleda. 

Sin embargo, no todos están conformes con la información entregada en los estrados. Silvia Quintero, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, opinó que “muchos de estos comandantes saben dónde están nuestros desaparecidos, y no han dicho toda la verdad”. 

El reclamo de la agremiada no solo cobija al “Alemán”, sino a sus homólogos extraditados: “Macaco”, “don Berna”, “Jorge 40”, “H.H.”, entre otros. “A ellos los condenaron en E.U. por narcotráfico, ¿pero qué pasa con los delitos de aquí?”, se preguntó. 

¿Ahora qué sigue? 

El magistrado Juan Guillermo Cárdenas, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en cuyo despacho reposan los expedientes de Rendón, relató que el desmovilizado tendrá que seguir participando del proceso judicial durante los próximos cuatro años. 

La ley estipula que debe continuar contribuyendo con su presencia e información por un periodo igual a la mitad de la pena alternativa, que para él fue de ocho años. 

En caso de incumplir, podría perder los beneficios jurídicos y enfrentar más de cuatro décadas en prisión por las sentencias que tiene en contra a la fecha, además de multas e inhabilidades. 

El magistrado Cárdenas señaló que “el Alemán” debe seguir a disposición de la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín, que en este momento adelanta diligencias de incidente de reparación integral a las víctimas. 

En el último mes los investigadores han visitado Riosucio, Vigía del Fuerte, Turbo, Bojayá y Dabeiba, documentando cerca de 3.000 casos de desplazamiento forzado. 

Se espera que a más tardar en noviembre, la Fiscalía 48 de Justicia y Paz termine de imputar los delitos restantes, tanto a Rendón como a 27 postulados de su bloque, para dictar las condenas que aún faltan. La diferencia será que “el Alemán” esperará esos fallos disfrutando de su libertad. 

El paradero del excomandante es algo que inquieta tanto a las autoridades como a las víctimas, que lo imaginan retornado a las zonas donde antes ejerció el terror y en las que al parecer aún conserva propiedades, hectáreas y negocios. Quintero enfatizó que “nos preocupan los reclamantes de tierra, que vienen siendo revictimizados y a muchos los han matado. No sabemos qué va a pasar con ellos”. 

Habitantes de Unguía, que hablaron con este diario bajo reserva de identidad, manifestaron su temor por la salida de Rendón. “Aquí hay desasosiego y frustración porque él no ha devuelto ni una sola de las hectáreas que quitó a la fuerza, y que están en fincas a nombre de sus familiares y testaferros. La gente teme reclamar sus tierras”. 

Fuentes policiales comentaron que están a la expectativa de un eventual reacomodo en el bajo mundo, como quiera que el clan Rendón Herrera fue cofundador de la banda “los Urabeños”. 

“El Alemán” ha negado en varias oportunidades que tenga algo qué ver con ese grupo, cuyo cabecilla histórico es su hermano Daniel Rendón (“don Mario”). Otra cosa piensa el gobierno de Estados Unidos, que lo incluyó en la Lista Clinton y lo pidió en extradición desde el 2010. 

El pedido está suspendido por el Gobierno de Colombia, por la participación en Justicia y Paz, pero “el Alemán” ya sabe que sus pasos están siendo vigilados por investigadores de dos países. 

Contexto de la noticia el prontuario en Colombia 

La justicia colombiana ha reseñado cerca de 5.000 delitos cometidos por “el Alemán” y los hombres bajo su mando, entre ellos: 

La Fiscalía 48 de la Dirección Nacional de Justicia Transicional lo procesó por crímenes que habrían dejado cerca de 4.000 víctimas. 

En el marco de Justicia y Paz, tiene condenas por reclutamiento ilícito de menores, homicidio, secuestro agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas y municiones, y utilización ilegal de uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública. 

En 2013, tras acogerse a sentencia anticipada, fue condenado a 20 años por la desaparición y muerte del campesino Marco Osorio Manco en 2002, en Dabeiba (Antioquia). 

Condenado a 14 años y 3 meses por el asesinato de Orlando Valencia, vocero de las negritudes, cometido en 2005 en Mutatá (Antioquia). 

Condenado a 14 años por el homicidio de un adolescente al que señalaban de ladrón, en Dabeiba (2005). 

Ordenó las masacres de La Horqueta (Cundinamarca) y Riosucio (Chocó), donde el bloque Élmer Cárdenas mató a 14 y 5 personas, respectivamente, en 1999. Ahí falleció el alcalde (e) de Riosucio, Benjamín Arboleda Chaverra. 

Entre 1996 y 2005 reclutó 331 menores en Antioquia y Chocó. 
Participó en la importación ilegal de 3.000 fusiles AK-47 y 5.000 municiones, camuflados en un barco de bandera panameña en 2001. 

Participó en la Operación Génesis, una acción antisubversiva ejecutada por el Ejército y las Auc en 1997, en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio (Chocó). Hubo asesinatos con sevicia y el desplazamiento de 3.500 personas. Por este hecho fue condenado el general (r) Rito Alejo del Río y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado colombiano.