En la madrugada de este domingo finalizó la primera parte de la audiencia en contra de los capturados por el nuevo escándalo que ha rodeado la extradición de Jesús Santrich. La diligencia se inició en la Clínica Colombia y posteriormente se trasladó hasta los juzgados de Paloquemao. La segunda parte se cumplirá este lunes, según lo informado por la Fiscalía.

Fue una diligencia accidentada debido a las complicaciones de salud que presentó Luis Alberto Gil, el político santandereano que pagó condena por nexos con grupos paramilitares. Una insuficiencia cardíaca obligó al traslado hasta la Clínica Colombia en la tarde de este sábado.

Debido a que el tiempo para legalizar la captura estaba sobre el límite se decidió trasladar el despacho del juez hasta el centro asistencial para iniciar la audiencia en contra de Gil y los detenidos Carlos Julián Bermeo, fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte.

Sin embargo, los médicos tratantes del político de Opción Ciudadana señalaron que sus condiciones no eran las mejores por lo que se acordó que en la diligencia lo representaría su abogado defensor.

Así las cosas, Bermeo, Prieto Acero, Villamizar y Solarte fueron remitidos de nuevo al complejo judicial de Paloquemao para el inicio de la diligencia citada por la Fiscalía en la que les imputarán cargos por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir.

El CTI de la Fiscalía capturó a estas personas en un operativo desplegado en dos hoteles del norte de Bogotá en el momento en que recibían 500 mil dólares como anticipo de un pago de dos millones de dólares para que, según el ente acusador, incidieran en el trámite de extradición de Jesús Santrich.

Desde la JEP se ha señalado que Bermeo no tiene injerencia en la decisión que ese organismo debe tomar con respecto a Santrich ya que es la Sala de Revisión la encargada de proferir dictamen sobre este espinoso caso.

Tras la imputación de cargos, se prevé que la Fiscalía solicite la medida de aseguramiento en contra de los detenidos.