Hace su tránsito en la Corte Suprema de Justicia el escrito de sustentación de apelación que el abogado Bladimir Cuadro, defensor de la hoy prófuga Aída Merlano Rebolledo, radicó ante el alto tribunal. El documento buscaba una revisión a la condena de 15 años de prisión que le impusieron por delitos electorales.

Uno de los aspectos en los que reparó el jurista hace referencia a una presunta violación de garantías fundamentales. En uno de los párrafos del escrito de 94 páginas, Cuadro expone que, entre otras, hubo vulneración a sus derechos a la prueba.

Al respecto, el penalista sostiene que hubo “premura en el trámite instructivo, en el cual no se recaudaron las pruebas solicitadas y enunciadas por la defensa, no se respetó el término legal y se profirió cierre y calificación del sumario en tan solo tres meses”.

También argumenta la defensa que el alto tribunal no tenía competencia para adelantar la investigación ya que no tenía condición de aforada toda vez que existía una pérdida de investidura decretada por el Consejo de Estado y, en virtud de ello, Merlano Rebolledo fungía como ciudadana del común.

De igual manera llama la atención la defensa sobre que a su clienta la juzgó, según dice, una Sala conformada por dos magistrados, “cuando en la Constitución se prevé que sean mínimo tres. La repuesta que se nos dio es que si había necesidad de convocar a un tercero, se convocaba”.

En el expediente en contra de la senadora electa por el Partido Conservador se le acusó y condenó por el cargo de concierto para delinquir bajo el argumento de que creó una empresa criminal que tenía como objetivo llegar a la curul que hoy, tras los problemas jurídicos de Merlano, ocupa Soledad Tamayo.

Cuadro, no obstante, explica ante la Corte que “la Sala nunca ha demostrado, ni ha pretendido hacerlo tampoco, que existiera realmente un acuerdo previo o concomitante de quienes se ha señalado como autores para, por ejemplo, comprar votos o custodiar armas de fuegos, por la sola voluntad de cometer tales ilícitos”.

El penalista también lanza la teoría de que Merlano Rebolledo no tenía conocimiento de que en la sede de campaña había armas de fuego, por lo que le pide a la Corte que se absuelva a su prohijada de este cargo.

Merlano protagonizó una fuga el pasado primero de octubre cuando asistía a una cita odontológica en un centro médico del norte de Bogotá. Ese mismo día fue radicado el escrito de apelación por parte del abogado Cuadro. Por su publicitado escape fueron detenidos el dentista Javier Cely, Aída Victoria Merlano – hija de la excongresista – y el capitán del Inpec, David Alexánder Álvarez.

Los dos primeros afrontarán su proceso en libertad por decisión de una jueza que le reclamó a los delegados de la Fiscalía por su exposición ante el despacho. Álvarez, por su parte, fue enviado al pabellón de funcionarios públicos de La Picota.

Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su paradero. Las pistas, sin embargo, no son demasiado concluyentes y no hay certeza del lugar en el que pueda estar.

Cuadro asegura que no ha hablado con ella. “Me sentiría como si me llamara un muerto. Yo no creo que ella me contacte, ella entendería que no podrá tener contacto ni con su abogado ni con sus familiares”, concluyó el penalista quien no precisó si Merlano le quedó debiendo dinero por cuenta de honorarios.