Ajetreado. Así fue el álgido 2019 de las altas Cortes en cuanto a decisiones se refiere. La Corte Constitucional tuvo que decidir sobre el glifosato, abusos verbales en redes sociales y algunos casos del conflicto armado, mientras que la Corte Suprema no se pudo poner de acuerdo para elegir a sus compañeros de tribunal.

El Consejo de Estado, por su parte, le quitó la curul a la senadora Ángela María Robledo y tomó decisiones parciales sobre el Fracking y el también senador Antánas Mockus. Si bien las altas cortes cerraron lo que fue un año “efervescente” este 2020 promete ser aún mejor.

En la Corte Suprema

La situación en el tribunal penal es “complicado”, en caso que los 16 magistrados que hay en este momento no logren ponerse de acuerdo para elegir a su compañeros y así completar el pleno que son 23 juristas, en febrero podría quedar “desintegrada” dado que el magistrado Ariel Salazar, culmina su periodo.

Este tribunal tiene una tarea maratónica. Además de elegir a sus compañeros deben escoger al próximo jefe de la Fiscalía, que está entre la secretaría Jurídica de Presidencia, Clara María González, el director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez y el Alto Consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa.

Para elegir al fiscal, la Sala Plena debe tener 16 votos, es decir, en este momento podrían elegir el dignatario del búnker, pero si esto llega a febrero y no se ha resuelto, primero deberán suplir las vacantes de los magistrados.

Además de ello, la Sala de Instrucción de la Corte deberá tomar una decisión que moverá masas en el país. El proceso contra el senador Álvaro Uribe que reposa en el despacho del magistrado César Reyes, quien en su momento, aseguró que la etapa de pruebas continúa.

Uribe y el también senador Álvaro Hernán Prada están investigados por presunta manipulación de testigos. La Corte tiene en su poder un grueso de testimonios verbales y documentales que le llevarán a determinar si hay culpabilidad o no en lo que se les ha acusado.

En poder de la misma Sala está una investigación contra el también senador Gustavo Petro por la normativa que adelantó cuando fungió como alcalde, en la que decía que podía bajar el precio del transporte público a los estratos 1, 2 y 3. En este caso la Corte deberá determinar si hubo irregularidades en delitos a la administración pública.

Por otro lado, el alto tribunal también deberá resolver uno de los procesos más antiguos, el del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por presuntos vínculos con paramilitares.

Así como también el juicio contra el exmagistrado Gustavo Malo, quien está procesado por concierto para delinquir por su vínculo con el denominado ‘Cartel de la Toga’, sobre este mismo caso se espera que empiece el juicio del también exmagistrado Leonidas Bustos, y se defina la situación jurídica de homologo Francisco Ricaurte por el mismo caso. El proceso de este último se lleva a cabo en los Juzgados del Complejo Judicial de Paloquemao.

En la Corte Constitucional

Unos de los protagonistas en las decisiones que deberá tomar el alto tribunal son los periodistas, luego de que en audiencia pública hecha por el alto tribunal se discutiera sobre las negativas que han recibido los comunicadores a la hora de ingresar a una diligencia judicial.

La puja está en manos del magistrado Carlos Bernal, quien decidió abrir un espacio para escuchar a los comunicadores sobre lo que, a su juicio, consideran abuso contra el derecho al trabajo y la libre expresión.

Otra papa caliente que tiene el alto tribunal es revisar la polémica reforma tributaria, ese plan bandera con el que presidente Iván Duque pretende sacar a flote las finanzas del país.

La álgida discusión sobre ese caso no solo se ha toreado en el Congreso de la República, pues ya llegó al alto tribunal y éste la tumbó.

En una primera ocasión exhortó al Gobierno para que hicieran una nueva que no tuviera procedimientos con vicios, es decir, que no tuviera inconsistencias a la hora de regularse en el ejecutivo, como ya ocurrió.

Por otro lado, en el despacho del magistrado Alejandro Linares reposa una tutela que instauró el exministro del Interior, Guillermo Rivera, con la que busca revivir las curules de paz que fueron acordados en el pacto final de paz entre el Gobierno y las extintas Farc. Sobre este caso aún no hay ponencia, sin embargo, el tema ha sido abordado de todas las maneras.

Entre otros pendientes y con todas las miradas encima, la Corte tiene en su poder la tutela en la que el exministro de Agricultura, Luis Felipe Arias, solicita que se revise su condena a 17 años por el caso Agroingreso Seguro.

El tema es complicado. En caso de que la Corte de vía libre a esto, abre la brecha a que demás condenados antes del Acto Legislativo número 1, que son más de 100 senadores, puedan revivir sus procesos judiciales para que revisen su condena.

La Corte Constitucional, tiene entre otros casos, el aborto, la eutanasia y un sinnúmero de tutelas que interpusieron los colombianos solicitando el amparo de sus derechos.

En el Consejo de Estado 

Este tribunal tiene en sus manos, quizás, la decisión ambiental más grande en el país. Regular o no el uso del fracking. Si bien durante 2019 tomó decisiones de manera parcial y sosteniendo las medidas cautelares que prohíben el uso de esa práctica en el país, en este 2020 no tendrá más tiempo.

Deberá tomar decisión de fondo y dirimir si definitivamente le da el sí al Gobierno dejándolo realizar dicha práctica para conseguir hidrocarburos fragmentando el suelo y las rocas a más de 2000 metros de profundidad, o si por el contrario le dará la razón a las organizaciones ambientalistas quienes consideran que con esta práctica se daña el ambiente y la vida humana.

En razón a los temas políticos, el alto tribunal aún tiene en su poder resolver la vida política del senador Antanas Mockus, quien fue demandado por celebrar contratos con el Estado previo a su candidatura para llegar al Congreso de la República.

Sobre este tema ya hay una primera decisión y fue negativa para Mockus pero junto con Humberto de La Calle, su abogado, interpusieron un recurso, el cual esperan se resuelva durante este año.

Otro tema que debe resolver el alto tribunal es si acepta o no la demanda de elección del nuevo registrador Alexander Vega, por la presunta irregularidad que hubo a la hora de su escogencia.

Además de esto, el alto tribunal también le toca de cierto modo dar parte sobre las curules de paz.

Una agenda álgida tienen los magistrados de las tres cortes.