El consenso en La Habana (Cuba) entre los negociadores del Gobierno y las Farc para blindar el Acuerdo de Paz a que se llegue, despertó varias dudas en respetados juristas, quienes hablan sobre la legitimidad de la estrategia jurídica.

El punto álgido tiene que ver con la introducción de un artículo nuevo, transitorio, en el Acto Legislativo que cursa en el Legislativo para implementar los acuerdos, y que ya va en séptimo debate en el Congreso de la República.

Dicho artículo establece que el Acuerdo para la terminación del Conflicto es un Acuerdo Especial en los términos del artículo tercero común a los Convenios de Ginebra.

El peligro para la estrategia del Gobierno consistiría en la inclusión, a esta altura, de ese artículo sin que haya sido debatido en los seis debates anteriores. Esto podría generar un vicio de forma que haría inevitable que la Corte Constitucional tumbara dicho cambio más adelante.

Sobre este punto, hay sectores que indican que sí hubo algún debate al respecto durante la primera vuelta, pero para otros, no solo se trata de una disposición que viene ordenada desde Cuba, marginando la discrecionalidad del Congreso, sino que no pasa de meras constancias.

Así lo cree que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, para quien es claro que la Corte ya tiene una jurisprudencia marcada en estos casos.

Pero más que eso, para Ibáñez, el problema de este blindaje jurídico es que los acuerdos de paz realmente no son un “acuerdo especial” porque estos versan sobre el incremento del umbral de protección de las víctimas y la población civil en un conflicto interno (no internacional) como el colombiano, tal y como señala el artículo tercero común de los Convenios de Ginebra.

“Un Acuerdo Especial es una figura del Derecho Internacional Humanitario que tiene que ver con conflicto no internacional y tiene como propósito ampliar el umbral de protección de la víctima. Es cualquier acuerdo a que se llegue entre las partes en un conflicto sobre temas a la protección de las víctimas. Por ejemplo, lo de los derechos de la victimas sí haría parte pero no el narcotráfico, las tierras, ni el tema del modelo económico o el tema de las estructuras jurídicas para los juicios”, dijo Ibáñez.

Contrario opina el exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien celebró los alcances del blindaje jurídico ya que se trata, prácticamente, de la misma posición que plasmó en la demanda que interpuso ante la Corte Constitucional a fin de que esta eleve a la categoría de tratado internacional el Acuerdo para la Terminación del conflicto, firmado entre el Gobierno y las Farc el 26 de agosto de 2012 en Cuba.

“La decisión me da la razón en el sentido de que la naturaleza de los acuerdos de La Habana de es la de acuerdos especiales según el DIH y que firmados los acuerdos, se trata no solamente de hechos políticos, sino jurídicos y que estos acuerdos van a entrar en el ordenamiento jurídico colombiano con el rango de normas constitucionales”, aseguró.

Para Montealegre, además, esta fórmula no vulnera la Constitución puesto que de todas maneras, antes de entrar en vigencia los Acuerdos, deberán pasar por el control de la Corte Constitucional, que tendrá que hacer su respectivo examen.

Lo mismo opina el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, para quien el sometimiento de los acuerdos y de posteriores leyes ordinarias que los desarrolle al control de la Corte protege la iniciativa.

En ese sentido, para Beltrán la Corte podría declararse inhibida (no pronunciarse) sobre la demanda de Montealegre, para hacerlo en lo que viene. Además, precisó que no se estaría introduciendo en la Constitución nada que afecte la garantía de brindar justicia.

“Las normas que rigen el DIH no amparan en ningún caso los delitos de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra, de manera que no quedan incluidos. Ni se desconoce la Constitución Política, ni se está garantizando impunidad”, aseguró Beltrán.

Quien considera lo contrario es el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Esa postura se ve plasmada en una carta que el jefe del ministerio público dirigió al presidente Juan Manuel Santos en la que asegura que se está prácticamente haciendo una Constituyente desde La Habana, y dándole un status constitucional a una organización guerrillera responsable de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, así como del cultivo, fabricación y exportación de droga a todo el mundo.

“Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un Gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno. Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz”, aseguró.

Para el exmagistrado Augusto Ibáñez, quien fuera uno de los negociadores por Colombia para firmar el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, esta iniciativa de blindaje lo deja bastante preocupado.

“Yo soy afecto al diálogo, a la conversación, a los procesos de paz. Pero en este caso estoy muy preocupado porque se esta realizando una gestión que no tiene fundamento y que está imponiendo sus decisiones de manera unilateral porque la contraparte de las Farc, desde el punto de vista político, es el pueblo colombiano que opina, manda o decide sobre lo que está pasando allá”, aseguró.

En materia política, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) Jorge Restrepo, celebró que los acuerdos eliminen el obstáculo que permanecía para poder avanzar en la negociación de Paz y blindarlos hacia el futuro.

No obstante, Restrepo aseguró que se trata de una estrategia antidemocrática por la manera cómo se hizo y porque estaría limitando la actuación del Congreso de la República.

“Es una decisión muy arriesgada porque genera una gran polarización sobre el contenido de los Acuerdos y limitan severamente al Congreso; es antidemocrático. Si son contrarios a la Constitución o no eso dependerá de la valoración de la Corte, pero el paso por el Congreso es limitado porque no incluye la posibilidad de modificación de esas normas", aseguró.

Bogotá | Colprensa