La mancha en la toalla hallada en la casa del controler de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, terminó convirtiéndose en una mancha en la carrera del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.

Después de ocho años en el cargo, en los que se había ganado un reconocimiento como funcionario técnico y no político, tuvo que renunciar por hacer pública información errónea sobre las evidencias relacionadas con la muerte del testigo clave del caso Odebrecht.

La salida de Valdés ayuda a poner un manto de duda sobre un caso que ya está lleno de controversias. Valdés aseguró a los medios de comunicación que en la toalla, hallada en uno de los baños de la casa, había una mancha de sangre que pertenecía a Pizano y que no tenía rastros de cianuro. Eso ayudaba a confirmar el dictamen inicial, según el cual murió de un infarto y no de envenenamiento.

Pero en realidad, ese no fue el dictamen oficial de Medicina Legal. Lo que decía el dictamen, revelado el jueves por La W Radio, era que la mancha no era de sangre sino de saliva y eso hacia imposible descartar la presencia de cianuro. Valdés dijo que el error fue exclusivamente suyo y por eso renunció, pero sus respuestas no han logrado aclarar las dudas que aún existen.

Javier Oviedo, miembro de sindicato del instituto (Sindimedigal), había denunciado desde hace varios días, las discrepancias que existían entre la información que Valdés le daba a los medios de comunicación y la que estaba contenida en los informes técnicos de Medicina Legal.

El del caso del controler de la Ruta del Sol, no era el único, según Oviedo, quien desde 2016 había presentado sus denuncias ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.

También ocurrió, aseguró, en la necropsia de Génesis Rúa, la niña de nueve años de edad que fue abusada y posteriormente incinerada en Fundación (Magdalena).

Valdés dijo en ese momento: “los estudios arrojan plenamente que la niña antes de ser asesinada, fue abusada sexualmente”, pero, según Oviedo, en el cuerpo de la menor fue encontrado semen que no correspondía al hombre sindicado de su asesinato.

Y también ocurrió en el caso de Fernando Cepeda Vargas, asesinado en 2003 en Barranquilla, crimen por el cual se responsabiliza a Silvia Gette.

“(Valdés) salió a decir que era un homicidio porque le habían intoxicado con mercurio. El perito lo que dijo es que efectivamente en la necropsia hecha luego de la exhumación hallaron el químico, pero que se debía descartar si este era orgánico o inorgánico, porque se debía establecer si el cuerpo se contaminó con mercurio donde fue enterrado o si fue suministrado en vida”, dijo.

En resumen, según Oviedo, “una cosa es lo que dicen los peritos y otra cosa es lo que se le dice a los medios”.

Esas, sin embargo, son las dudas sobre la actuación de Valdés, pero las sospechas más grandes tienen que ver con su relación en el caso Odebrecht.

Sobre ese punto, los críticos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, han recordado que él era el jefe directo de Valdés y que el caso de Pizano le interesaba directamente porque a él, cuando era representante del grupo Aval, fue que Pizano entregó información de lo que estaba ocurriendo en la Ruta del Sol, tal como lo evidenciaron las grabaciones que se hicieron públicas después de su muerte.

El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, anunció este viernes que denunciará a Valdés por los delitos de encubrimiento, concierto para delinquir y prevaricato. “Debe investigarse si se trata de un plan orquestado, o de un complot para envenenar y tapar los alcances de las investigaciones y pruebas para la determinación real de las causas del fallecimiento del doctor Pizano”.

Anunció que en su documento solicitará que Leonardo Espinosa Quintero, quien se posesionó este jueves como fiscal ad hoc del caso Odebrecht, asuma también las investigaciones por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, quien falleció días después de su padre, él sí confirmado por Medicina Legal, por envenenamiento con cianuro.

A juicio de Bustos, en el caso de Jorge Pizano, “todo esto lo que demuestra es que existen más elementos para demostrar que esa muerte no fue natural y que habría una maquinación o estructuración de un plan para ocultar las verdaderas causas de la muerte”.

¿Pierde credibilidad Medicina Legal?

Para Bustos, los hechos ocurridos en los últimos días dejan en tela de juicio el actuar no solo de Valdés sino también el de todos sus peritos y patólogos, “por eso desde Red de Veedurías decimos: es un Instituto de Medicina Legal o un Instituto de Medicina Ilegal. No quiero pensar cuál ha sido la suerte de otras investigaciones en donde se pretende fundar una prueba técnica”.

A juicio de Bustos, hay muchas investigaciones que no han tenido una suerte igual al caso Pizano, que a la fecha, salió a la luz el error que le costó el puesto a Valdés.

Cosa distinta opina Oviedo. El cree que quien debe responder es Valdés y no los técnicos de la entidad. Lamentó que los cuatro peritos que llevan el proceso de Pizano estén siendo investigados por el Control Interno Disciplinario del Instituto, con el fin de identificar si estuvieron coaccionados por Valdés.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos y Análisis para el Conflicto (CERAC), afirmó a su vez que la renuncia de Valdés, en vez de dañar a la entidad la fortalece.

“Yo creo que la renuncia de él fortalece la credibilidad de la institución, eso es algo poco común. Eso es un ejemplo para todos los funcionarios de Medicina Legal, de que lo que hay que hacer es proteger la credibilidad de la institución, sobre todo en esas materias de peritajes y de testimonios judiciales a toda costa, incluso a propia de su puesto”, dijo Restrepo.

Para el director de la Cerac, la reputación del instituto “se juega” en cada peritaje y testimonio técnico que allí realizan, por lo que no considera que la malinterpretación de un dictamen dé para poner en tela de juicio la credibilidad del instituto.

El exfiscal General Guillermo Mendoza Diago aseguró que en este caso no hubo un error en el peritazgo hecho en el caso Pizano; lo que sucedió fue un error humano.

“Es un error de interpretación del dictamen, pero no quiere decir que intervenga con la credibilidad del instituto que tiene unos peritos muy idóneos y profesionales con mucha experiencia, además de los mecanismos científicos para realizar las pruebas de rigor”.

Y el exprocurador general Jaime Bernal Cuellar, consideró que la seriedad del Instituto Nacional de Medina Legal no está en duda, pues desde hace muchos años “ha hecho un trabajo extraordinario”

“Yo diría que puede ser un error de interpretación y comunicación y en consecuencia la institución conserva su prestigio. Creo que la renuncia de Valdés es un buen ejemplo para otros funcionarios, esto sirve para que no se ponga en tela de juicio el nombre de la entidad”, dijo.