Hace dos años las vidas de 161 familias cambiaron abruptamente. Con el desplome de la etapa 6 del conjunto residencial Space, no solo hubo un revolcón en la legislación para construcción de vivienda sino que se inició un proceso judicial sin precedentes en el país.

Dos procesos penales, que iniciaron de manera simultánea (mayo del 2014), están en curso actualmente por el caso Space: uno contra dos curadores urbanos por el delito de prevaricato y otro por homicidio culposo en la muerte de Juan Esteban Cantor, uno de los 12 fallecidos tras el colapso de la estructura y el único que vivía en el conjunto residencial.

En el proceso por prevaricato, el juicio oral contra los implicados, los excuradores Carlos Ruiz Arango y Eliney Francis Llanos, inició con la práctica de pruebas por parte de la Fiscalía, el pasado 24 de septiembre.

El debate ha trascendido hasta el punto de señalar, tanto a Ruiz como a Llanos de omisiones y flexibilidad a la hora de autorizar los planos de la obra, de la que un estudio de la Universidad de los Andes, estableció que carecía del cumplimiento de normas de sismorresistencia y otras fallas estructurales.

Según Luis Gonzalo Mejía, experto en construcciones, el municipio y sus dependencias de Planeación o Infraestructura deben ejercer control directo en la aprobación de licencias y vistos buenos para la entrega de las viviendas a sus nuevos propietarios.

“Si cada una de las personas en esta cadena de diseño y verificación hubiera cumplido con su tarea, las obras de Space no tendrían que haber salido mal”, explicó.

El proceso cantor

De los 12 procesos por homicidio culposo, 11 investigaciones precluyeron como consecuencia de acuerdos entre las partes.

El de Juan Esteban Cantor, el joven estudiante de comunicación, es el único proceso vigente y que hasta el viernes pasado se encontraba en audiencia de preparación.

Federico Londoño, abogado de los Cantor, aseveró que más que aceptar una oferta económica, la familia decidió seguir con los trámites legales con el propósito de saber la verdad.

“Estamos iniciando la recta final del proceso. Ya empezó el trámite de juicio, aunque pueden pasar más eventualidades”, dijo Londoño, en tanto destacó la labor de la Fiscalía en la investigación: “Contrataron estudios externos para realizar pericias. No solo ha sido competente sino que ha desarrollado bien los programas metodológicos”.

Por la muerte de Cantor, a quien le cayó parte del edificio cuando se encontraba en el parqueadero, están acusados Pablo Villegas, representante legal de la constructora; María Cecilia Posada, directora de obra, y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista.

La audiencia preparatoria del caso Cantor continuará el próximo 6 de noviembre, luego de que el viernes pasado la sesión se postergara cuando la defensa de Villegas y Posada descubrió un extenso material probatorio compuesto por 18 testimonios y 35 documentos, por lo que la juez concedió tiempo adicional para que la Fiscalía y el Ministerio Público estudien la nueva información.

Heridas aún no sanan

No solo perdió su matrimonio en una separación que atribuye a la angustia, al miedo por los pleitos judiciales. Además, dice tener secuelas difíciles de borrar.

El colapso del Space significó para Carlos Eduardo Ruiz, propietario de una vivienda en esa unidad, perder un patrimonio que con sacrificio consiguió y sacar a flote toda su perseverancia y solidaridad.

“Todo este tiempo he vivido una pesadilla que no quisiera repetir. He sido testigo de la indolencia de autoridades y de los Villegas”, apuntó Ruiz, que pertenece a una de las 14 familias de Space que no han firmado un acuerdo con CDO.

A otras 13, según Ruiz, les han pagado el 40 por ciento de los valores que aceptaron recibir por sus apartamentos.

“A nosotros, los que no hemos logrado un acuerdo, nos incumplieron con lo pactado. Hay otros que han aceptado lo que les ofrecieron, temerosos de perder todo”, concluyó Ruiz.

Medellín | El Colombiano