Unidos por un mismo propósito -la terminación del conflicto armado interno-, el proceso de paz con las Farc que se desarrolla en La Habana (Cuba) y el que permitió el desmonte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la administración de Álvaro Uribe, tienen tantas similitudes como diferencias.

Expertos sostienen que un factor que los hace procesos totalmente distintos es su concepción, teniendo en cuenta que el de los paramilitares fue más un sometimiento a la justicia, pues nunca tuvieron estatus político, lo que sí ocurre con la guerrilla, considerada interlocutor válido del Estado.

Sin embargo, esa principal diferencia también marca la más importante coincidencia entre ambos procesos: en los dos casos han sido creadas jurisdicciones especiales para facilitar una salida jurídica de los combatientes.

Para los paramilitares se creó la Ley de Justicia y Paz, que incorporó la alternatividad penal, es decir, cesación de procedimientos, suspensión de la pena y condenas benévolas de entre cinco y ocho años de prisión, incluidos los delitos de lesa humanidad.

En el caso de las Farc, la situación es parecida, pues se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la aplicación de castigos similares, aunque aún esté por reglamentar.

Según el excomisionado de Paz, Camilo Gómez Alzate, si bien los procesos se dieron en momentos históricos diferentes, ambos van a quedar marcados por los mismos fenómenos: el uso desproporcionado de la violencia, en particular contra la población civil, y una evidente influencia del narcotráfico.

“Lo que preocupa es que mientras los paramilitares tuvieron que acogerse a la estructura del Estado para su desmonte, ahora son las instituciones fortalecidas las que tienen que acomodarse a la interpretación que hagan las Farc de los acuerdos”, afirma Gómez.

Por su parte, el analista en temas de seguridad nacional John Marulanda, destaca como principal diferencia la suerte de las Fuerzas Armadas.

“Ya se ve venir la reconversión de las Fuerzas Militares a petición de la guerrilla, así el Gobierno lo niegue”, asevera el especialista. “En cambio los ‘paras’ nunca exigieron reformar la estructura del aparato militar del Estado. Ese es el punto más grave de esta negociación”, puntualizó.

Algunos detalles

El proceso con las Farc comenzó el 25 de noviembre de 2012 y terminaría el 23 de marzo de 2016.

Con las Auc, el proceso se inició en septiembre de 2004 y terminó con la extradición de 14 exjefes paramilitares en mayo de 2008.

Si los miembros de las Farc confiesan sus culpas tendrán entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, y penas de hasta 20 años en prisión si no admiten responsabilidad alguna.

En el caso de las Auc, tanto los cabecillas como los combatientes, pagaron cinco y ocho años de prisión, independientemente del tipo de crímenes que cometieron.