El panorama del senador Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema se vuelve a complicar. Además de la investigación ya conocida que se surte en su contra por presunta manipulación de testigos, se suma una denuncia por injuria, calumnia y hostigamiento. 

La acción legal que será radicada en la mañana de este jueves en el alto tribunal está firmada por Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), quien durante los últimos días ha sido blanco de los ataques del Centro Democrático.

El sector político que envuelve al expresidente ha señalado en varias ocasiones que las ayudas que brindó el CSPP a Juan Guillermo Monsalve, fiel testigo contra Uribe, fue producto de acciones indebidas. 

El CSPP señaló que en el trabajo de defensa de derechos humanos de la población carcelaria, a finales del año 2011, la corporación tuvo conocimiento de las amenazas, agresiones e incluso atentados de los que fueron víctimas Juan Guillermo Monsalve y su familia. 

Atendiendo a los procedimientos establecidos, el caso fue comunicado por el CSPP al Programa de protección de testigos de la Fiscalía, el cual inició un estudio de la situación que, a pesar de tardar más de cinco meses, valoró negativamente el otorgamiento de medidas para la protección a estas personas. 

Ante la demora del ente acusador para otorgar medidas de protección, el CSPP realizó un estricto análisis de riesgo con el cual se determinó que era necesario prestar una atención urgente al caso. 

Según explicó el Comité, realizaron diversas gestiones ante organismos internacionales de cooperación con la intención de salvaguardar la vida de Monsalve y su familia, quien meses atrás había realizado las denuncias. 

“Estas gestiones, que incluyeron el aporte realizado para la reubicación de dos núcleos familiares cercanos al señor Monsalve, se otorgaron varios meses después de que este realizaran sus denuncias contra el senador Uribe y como respuesta a situaciones de riesgo que han sido verificadas, incluso por autoridades”, señala el documento del CSPP.

El CSPP remitió esta información a las autoridades judiciales, entre esas, la Corte Suprema, quien en febrero pasado les dio la razón, señalando que las labores realizadas por el Comité hacen parte de su misión como organización defensora de derechos humanos y no son ilegales. 

Del mismo modo, el alto tribunal en el documento emitido a favor del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, inicialmente investigado por los mismos hechos que Uribe, señaló que la intervención del CSPP “está fundada en motivos serios y verificados sobre el riesgo a la vida e integridad personal del testigo Juan Monsalve y su familia”.

Con estos y otros argumentos, Castañeda presentará una acción legal en contra del líder político que está en la palestra pública por presuntamente haber manipulado testigos a su favor, desmintiendo que ha tenido nexos con grupos paramilitares.