A pesar de la pandemia que azota al planeta y que ya deja 1.309.439 personas contagiadas, y 72.638 muertas, hay ciertas acciones que no se detienen y que a nen y que a pesar de la grave crisis que esta enfermedad supone, se siguen adelantando porque significan la consolidación de procesos que han tardado muchos años en materializarse.

En ese sentido, en Colombia, donde al cierre de esta edición se reportaban 1.579 contagios y 46 muertos, la implementación del Acuerdo de Paz ha seguido su curso en medio de las dificultades propias que se han derivado por la COVID-19 y las trabas que desde el mismo Gobierno se le han hecho al mismo.

Así lo destaca el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su más reciente informe entregado al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que cubre el período entre el 27 de diciembre 2019 y el 26 de marzo de 2020.

El informe del Secretario General de la ONU, que será presentado por el Representante Especial de Guterres en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 14 de abril, reconoce que el brote de COVID-19 planteará muchos retos a Colombia en los próximos meses.

Sin embargo, el Secretario General celebra el compromiso del Gobierno de asegurar la implementación sostenida de programas relacionados con la paz en este difícil contexto y acoge con beneplácito “que las Farc y el Gobierno hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación”. Específicamente, el informe destaca que el 98% de los excombatientes ya se han afiliado al sistema nacional de salud. 

El Secretario General de las Naciones Unidas plantea tres prioridades para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz para el 2020:

(1) Adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes.

(2) Fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del proceso de reincorporación y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes.

(3) Asegurar que las comunidades, y en especial las víctimas, estén en el centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz.

Según el Informe, en los últimos tres meses la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las Farc-Ep (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres). Aproximadamente el 73% del total de asesinatos de excombatientes se ha producido en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales.

El Informe también destaca que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha recibido 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, 6 de los cuales han sido verificados, entre ellos los asesinatos de dos mujeres.

El Secretario General también reitera su apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad—. 

En su Informe reconoce que los siete casos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz siguen avanzando, recibiendo versiones de 291 exmiembros de las FARC-EP, 232 de la Fuerza Pública, 7 agentes estatales no combatientes y terceros, y con la acreditación de más de 260,000 víctimas. En este sentido, el Secretario General exhorta a todos los actores a que contribuyan plenamente a su labor, en particular demostrando sinceridad en sus contribuciones a la verdad y empatía en su reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Finalmente, el Secretario Guterres también apunta que será esencial el progreso sostenido en la reforma rural integral, incluidos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), manteniendo la participación social y su coordinación efectiva con otros programas. 

Guterres reitera en su valoración que la presencia sostenida e integrada de las instituciones del Estado sigue siendo el medio más eficaz para garantizar la paz y la estabilidad en los territorios. Sobre este punto, el Secretario General confía en que, en los casos donde se decida trasladar algunos antiguos ETCR por motivos de seguridad, esto no dará lugar a una reducción de la presencia del Estado sino, por el contrario, a su fortalecimiento, a fin de garantizar la protección de las comunidades en esas zonas.