La Justicia Especial de Paz (JEP) colombiana anunció este miércoles que abrirá un nuevo caso en el que investigará acerca del reclutamiento de menores en el conflicto armado.

Según explicó el magistrado Iván González en una rueda de prensa, la JEP cuenta con los datos de la Fiscalía General que ha abierto 4.219 investigaciones sobre estos hechos, de las cuales 1.291 se encuentran activas, 1.001 inactivas y 1.927 no registran estado.

Todos esos casos corresponden a presuntos delitos cometidos por miembros de las Farc y sumaron 5.252 víctimas.

"Este fenómeno cuenta con un elevado nivel de impunidad en el país con apenas diez sentencias condenatorias en la justicia ordinaria", reza un comunicado leído por González.

El caso abierto por la JEP dará prioridad a la investigación acerca del reclutamiento entre el 1 de enero de 1971 y el 1 diciembre de 2016, si bien las fechas podrían variar si en el desarrollo del caso se encuentran elementos de juicio que hagan aconsejable la inclusión de conductas cometidas con anterioridad a la fecha señalada.

El magistrado explicó que, según los informes con los que cuentan, "el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc y, en consecuencia, su responsabilidad podría imputarse a quienes comandaban esa guerrilla".

"Esto se afirma en la medida en que, desde la Séptima Conferencia Nacional Guerrillera, realizada en 1982, las Farc resolvieron al respecto que las personas reclutadas 'deben ser desde los 15 hasta los 30 años de edad' y no se cuenta con información de que esa política hubiera sido modificada por los jefes de esa organización en los años siguientes", añade el comunicado.

Al ser preguntado al respecto, González explicó que "hay dos niveles de análisis" distintos de reclutamiento.

En el primero de ellos, "se considera como política y con lo cual se va vincular a las personas del comando central" de la desmovilizada guerrilla.

"Pero en otros aspectos, seguramente vamos a encontrar que algunos comandantes de bloque o de frente también tienen alguna responsabilidad, dependiendo de cada uno de los hechos y dependiendo de quiénes sean los integrantes de cada uno de los órganos de dirección de la guerrilla vamos a llamar a las versiones", aclaró.

Asimismo, González añadió que "uno de los aspectos más difíciles" es si un exguerrillero se desvinculó antes de cumplir la mayoría de edad no van "a tratar a esas personas como a autores de delitos graves".

"Sin embargo, cuando la vinculación no se produce antes de cumplir la mayoría de edad entran a ser considerados como autores de los delitos graves de los 18 años en adelante", comentó.

El magistrado también afirmó que otro de los desafíos será el de "cruzar las bases de datos de reclutamiento" con los de "homicidios, desaparición forzada, y violencia sexual" para tratar de identificar si hay coincidencias y de ese modo "determinar la violación de derechos más allá de la simple libertad del reclutamiento".

Sin embargo, explicó que tratar de determinar si los menores fueron reclutados "con fines sexuales es demasiado limitante".

"Lo que he advertido en la sala (...) es que algunas de las personas reclutadas tenían como conductas que padecían violencia sexual de distintos órdenes", aseguró.