Este lunes, en el marco de las medidas cautelares de protección que ha otorgado la Jurisdicción Especial de Paz sobre los cuerpos hallados en la Universidad de Antioquia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad solicitó a la Alcaldía de Medellín consolidar las bases de datos que permitan empezar a recopilar el ADN de los familiares de las víctimas de la Comuna 13.

Para lograrlo, los magistrados ordenaron consolidar los listados de los posibles suministrantes de muestras. Asimismo, la Alcaldía debe realizar reuniones de planeación con autoridades municipales, departamentales y víctimas que, además cuenten con la participación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP), y convocar jornadas de toma de muestras tan pronto como la pandemia lo permita.

Todo lo anterior se realizará, según la JEP, con el fin de “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.

De acuerdo con el auto 119 de 2020, la Alcaldía de Medellín debe contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informarles sobre el proceso y garantizar sus derechos.

A través de esta vía el material genético se podrá someter a estudios forenses que inicialmente permitan cotejarlos con los 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. Por su parte, la JEP compartirá tanto la base de datos consolidada y actualizada hasta la fecha, así como la propuesta presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la UBPD.

A la fecha la base de datos sobre la Comuna 13, cuenta con 459 posibles víctimas de desaparición forzada entre los años 1978 y 2016, 327 de las cuales ya se tiene información completa o avanzada. Sin embargo, existen 612 casos adicionales aportados por la Fiscalía General sobre los que la información no ha sido completamente verificada, por lo que se calcula que en total serían 1.071 víctimas.

Del total de víctimas, 195 habrían sufrido desaparición forzada durante los años 2002-2003, 91 de ellas durante el segundo semestre del 2002, los períodos más críticos. Esta situación coincide con graves alteraciones de orden público en el municipio.

Para efectos de este caso y como respuesta a un auto de 2019, el pasado 7 de julio el subdirector de Servicios Forenses del INMLCF, Carlos Antonio Murillo, informó que ante las restricciones provocadas por la emergencia sanitaria el abordaje de los cuerpos recuperados del laboratorio de la Universidad de Antioquia se encuentra suspendido.

Sin embargo, se ha avanzado en el alistamiento. Es decir, en el ingreso de los casos en Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres, revisión documental y conformación de los equipos de trabajo. Una vez se reinicien las actividades se retomará el proceso de identificación de los cuerpos para la entrega.