La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentó el ‘Plan de Acción’ para superar el retraso y represamiento judicial de la Sala de Amnistía que se ha presentado, a su juicio, desde antes de la entrada en funcionamiento la Justicia transicional.

El plan contiene distintas actividades que se implementarán hasta el 17 de mayo, como lo acordó el Órgano de Gobierno de la JEP el pasado 29 de enero, donde se pretende adoptar la medida de movilidad de funcionarios del Grupo de Análisis de Información a los despachos de la Sala de Amnistía.

Asimismo, se estableció contratar personal para apoyar la gestión documental relacionada con los procesos judiciales. La JEP consideró necesario capacitar a los contratistas y practicantes del mecanismo judicial.

Por otro lado, la JEP también pretende realizar una asignación especial a los despachos de la Sala de Amnistía con base en los criterios de priorización definidos.

“Todas estas medidas buscan remediar las falencias identificadas en la atención de requerimientos judiciales, y de esta manera garantizar el acceso a la justicia y al cumplimiento establecidos”, dice la JEP.

Este plan lo implementó la justicia transicional luego de que el Consejo de Estado emitiera un providencia en la que le da plazo de diez días para superar el represamiento de actas judiciales en razón a la Sala de Amnistía o Indulto (SAI).

La determinación del alto tribunal se dio después del estudio de una acción de habeas corpus interpuesta por Tito Barrios Fonseca, quien en 2013 fue condenado por el delito de rebelión. 

El hombre, que estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, solicitó su libertad, pero esta fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La providencia aseguró que el trámite hecho por la defensa del hoy condenado se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre ante el Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y este lo remitió a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP el mismo día, y fue asignado internamente a esa Sala el 18 de diciembre siguiente.

Pero lo que explicó la Sección es que hasta la fecha no ha sido resuelta la petición y aún está pendiente de reparto entre sus magistrados. “Esta información fue actualizada por orden de este despacho de segunda instancia y se corroboró que actualmente el trámite se encuentra en el mismo estado ante la JEP”.

Así las cosas, para el Consejo de Estado “es evidente que se han sobrepasado los términos legalmente establecidos para resolver sobre el beneficio solicitado. Estos vencían el 21 de diciembre de 2018, porque el mismo 6 de diciembre se radicó el trámite en la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP”.