La Sala de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), le solicitó al Ministerio de Defensa información reservada de cuatro divisiones del Ejército, como parte de su trabajo para construir los casos por presuntas ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), de las que son señalados 1994 integrantes de la Fuerza Pública.

La Sala solicitó información concerniente a las divisiones Primera (Costa Altántica), Segunda (nororiente del país), Cuarta (Llanos Orientales) y Séptima (Noroccidente de Colombia), con lo que se espera resolver 2586 casos de ‘falsos positivos’.

Los datos que solicitó el tribunal tienen que ver con manuales operacionales desde 1983 hasta 2016, creación y modificación de jurisdicciones de brigadas, fuerzas de tarea, comandos conjuntos desde 1983 y reglamentos, además de resultados operaciones entre 2000 y 2016, indicando: unidad, fecha, lugar, nombre de personas muertas en combate, en caso de que se hayan dado.

La JEP también pidió los planes de operación entre 2000 y 2010 de las brigadas Segunda (Atlántico), Cuarta (Medellín), Quinta (Santander), Séptima (Meta), Décima (Cesar), Décimo Sexta (Casanare), Décimo Séptima (Urabá) y Trigésima (Norte de Santander), junto con la desintegrada Brigada Móvil Décimo Quinta que operaba en Ocaña.

La solicitud hecha por el tribunal de la JEP es similar al que hizo la Comisión de la Verdad a comienzos del pasado mes de julio, la cual pidió información reservada al Ministerio de Defensa para avanzar en sus procesos de esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado.  

La Comisión explicó que su petición se hizo con base en el decreto 588 de 2017, con el que se avala la competencia del grupo para solicitar información relacionada con violación de derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitarios y crímenes de lesa humanidad, contenida en documentos clasificados u objeto de restricciones.

“La Comisión ha entablado un diálogo con el actual Ministerio de Defensa, para definir los mecanismos técnicos y de colaboración que permitan garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad sin restricciones”, explicó la entidad.  

Además de los casos citados, la Comisión solicitó bases de datos de víctimas y familiares de las Fuerzas Militares y Policías, afectados por acciones inherentes al conflicto armado.