Por primera vez, un caso relacionado con el escándalo del Cartel de la Toga llegará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata del proceso seguido contra el excongresista Álvaro Ashton, sindicado de tener nexos con los paramilitares en el Magdalena y el Atlántico y de haber ofrecido un soborno para que la investigación en su contra por ese motivo no avanzara a en la Corte Suprema de Justicia.

En uno de sus testimonios, el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, señaló a Ashton de haberlo contactado y de plantearle la entrega de 1.200 millones de pesos a cambio de que los entonces magistrados Gustavo Malo y José Leonidas Bustos archivaran el expediente. De acuerdo con Moreno, el exmagistrado Francisco Ricaurte habría sido intermediario para concretar la propuesta.

Los magistrados de la JEP aceptaron un acuerdo de colaboración propuesto por Ashton, en el que se compromete a entregar toda la información detallada y relevante sobre su campaña política, sus vínculos con las Autodefensas y la manera en que a petición de esa agrupación, influyó para que el Congreso aprobara la Ley de Justicia y Paz. Además, prometió explicar su relación con alias “El Médico”, comandante del frente paramilitar José Pablo Díaz.

La Jurisdicción consideró que el archivo de la investigación contra el excongresista por parte de la Corte Suprema, tiene una relación directa con el conflicto armado, pues supuso que las acciones ilegales que se desprendieron de su relación con el paramilitarismo quedaran impunes.

Ashton se convierte en el tercer implicado en el caso conocido como “parapolítica”, en ser recibido por la Jurisdicción de Paz. Su caso se suma a los del excongresista David Char y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo.

De otro lado, la JEP se negó a admitir otro proceso adicional que sigue en la justicia ordinaria por presunta prostitución de menores de edad.