La inusual propuesta del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, frente a recortar la energía en las zonas con mayor presencia de cultivos hidropónicos de marihuana en el país recibió toda suerte de críticas por los grandes efectos colaterales que tendría en la población civil. 

No obstante, en las 39 páginas que componen la “Estrategia disruptiva contra el narcotráfico”, como tituló Martínez a la estrategia que puso a consideración del presidente, Iván Duque, existen otras ideas con las que se busca luchar contra las 171.000 hectáreas de cultivos ilícitos que fueron reportadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 2017. 

El documento se refiere a la erradicación como “punto central de la estrategia, (pero) debe comprender trabajos científicos disruptivos que mermen los aumentos de productividad que han obtenido los narcotraficantes en los últimos años”. 

La propuesta va encaminada a que se desarrollen estudios científicos que se centren en el genoma de la planta con el objetivo de desarrollar inhibidores del alcaloide de cocaína en la planta de coca. Es decir, que se busque la forma de neutralizar la acción estimulante de esa sustancia. 

Asimismo, propone adelantar investigaciones sobre el polémico glifosato que “permitan encontrar una fórmula alternativa” para destruir la planta de la coca “sin daños ambientales”. 

Aunque este tipo de propuestas abarcan un componente científico, lo cierto es que hay otras propuestas tanto o más polémicas que los cortes de luz. 

El ejemplo más claro es la idea para frenar la producción de clorhidrato. El fiscal propone reducir el suministro de combustible y quitarle a los alcaldes la facultad de otorgar los permisos para la instalación de nuevas estaciones de gasolina. 

Aparte de la afectación a la población civil, lo más difícil de esa idea es su aplicación, pues otro de los principales delitos que se cometen en las zonas de mayor presencia de cultivos es justamente el contrabando de combustible. 

Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios Seguridad y Paz, el paquete de medidas que propone el fiscal no solucionará el problema de fondo toda vez que está comprobado que los delincuentes mutan sus actividades delictivas cada vez que las autoridades cambian su estrategia para combatirlas. 

“El Gobierno ha sido reactivo y no ha ido adelante en la lucha”, consideró. 

A su vez, para el profesor en Derecho penal y Criminología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Rafael Velandia Montes, con este tipo de medidas lo que se busca es principalmente “un discurso simbólico” de cara a la lucha antidrogas que se plantea desde el Gobierno.