En la mañana de este martes la Fiscalía General de la Nación capturó al exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo Omar, al suspendido mandatario de esa ciudad Rafael Alejandro Martínez, y a cuatro personas más por presuntas irregularidades en la construcción y demolición de cinco puestos de salud.

Según la investigación, en el caso de Caicedo Omar "se presume que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas".

En la investigación, la Fiscalía halló una serie de irregularidades en los contratos lo que llevó a la detención de los mandatarios.

La primera de ellas es en el contrato número 004 suscrito el 18 de noviembre de 2014 que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend, y Mediredes SAS, para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por un valor de 6.532 millones de pesos.

En dicho convenio "se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial de al menos 5.000 millones de pesos".

Por su parte, el actual alcalde de Santa Marta y hoy suspendido durante tres meses, Rafael Alejandro Martínez, se le investiga por su participación en la suscripción del contrato No. 007 del año 2016, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre de este año.

De acuerdo con la investigación, el contato se celebró entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por un valor superior a los 5.863 millones de pesos.

En dicho convenio "se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada".

La Fiscalía conoció que sobre este contrato se realizó un anticipó del 40% por un valor de 2.345 millones de pesos, "estableciendo a través de dictamen pericial, que a fecha 3 de octubre de 2017, del mismo, solo se había ejecutado la suma de $568.660.111, que además fue destinada para la adquisición de elementos diferentes a su objeto, tales como equipos y otro tipo de material de construcción".

Las audiencias judiciales contra los sindicados se llevarán a cabo durante las próximas horas en la ciudad de Santa Marta.

Junto a los dos dirigentes políticos fueron capturados Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato número 007 de 2016; Jesús Enrique Navarro Brito, contratista del contrato número 007 de 2016, representante legal de la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta.

Así mismo, fueron capturados Édgar Charris Salcedo, Gerente encargado de la ESE Próspero Reverend, quien participó en la etapa precontractual y realizó la apertura del proceso de convocatoria y por último Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la ESE Alejandro Prospero Reverend, quien también suscribió el contrato número 007 de 2016.

Los detenidos tendrán que responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.