Aida Merlano, capturada en Venezuela, es la cara de un fenómeno común en elecciones: la compra de votos. En relación con su caso, que ha sido mediático por incluir una fuga casi cinematográfica de un consultorio odontológico y por su captura en Venezuela, hay otros 15 procesos que, sin muchos resultados, esperan en los estrados.

Se trata de un espiral de políticos, colaboradores y un empresario quienes hacen parte de un escándalo, llamado Casablanca, que configura la prueba de un negocio que se presenta en elecciones.

El 2 de octubre de 2019, cuando ya había sido condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia luego de ser detenida en marzo de 2018, Merlano se escapó por una ventana, cuando estaba en una cita odontológica. La esperaba un motociclista con el que huyó con un rumbo, hasta principios de esta semana, desconocido.

El lunes en la noche, se supo que Merlano había sido capturada por las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (Faes). Su extradición, que pudo ser un trámite administrativo, está frenada por las inexistentes relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.

Su detención, que se dio el mismo día de su elección como senadora, reveló que el éxito de su carrera fue gracias a comprar votos con una maquinaria de corrupción desmantelada por la Fiscalía.

Cuando miembros de la Dijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía llegaron ese día a Casa Blanca, como era llamada la sede de campaña de Merlano ubicada en el barrio El Golf (Barranquilla), la electa senadora estaba acompañada por su equipo.

Lejos de solo encontrar volantes e indumentaria propia de la competencia electoral, hallaron certificados de votación, cuatro armas, computadores, listados y planillas de personas, y $268 millones en efectivo.

La Fiscalía detuvo, en esa ocasión, a varios miembros del equipo de Merlano: Vanessa Victoria Merlano, María Camila Valencia, Carlos Jiménez, Jeferson Jesús Viloria, Edwin Martínez, Evelyn Carolina Díaz y Sara Luz Jiménez.

Luego, entre mayo y agosto de 2018, siguieron las detenciones del ente investigador que inició procesos contra varios políticos cercanos a Merlano: la exrepresentante Lilibeth Llinás, los exdiputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén, y los exconcejales barranquilleros Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Juan Carlos Zamora y Vicente Carlos Tamara.

Estado de los procesos 

El periódico El Colombiano conoció el estado de los procesos contra los demás sindicados de un caso que se ha centrado, sobre todo, en la congresista fugada, pero que a todas luces debela una empresa ilegal detrás de los procesos electorales, en este caso, en Barranquilla. A todos los detenidos les imputaron los delitos de porte ilegal de armas, concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Pero la justicia avanza a un ritmo mucho más lento que las noticias de Merlano, la protagonista central de esta historia. Solo tres han sido condenados: Edwin Martínez Salas, Jesús Viloria Mieles y Evelyn Carolina Díaz, que pagan sus penas en prisión domiciliaria, luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

Los otros miembros de la campaña de Merlano que fueron capturados esperan a que se resuelva una recusación que presentaron contra el juez. Paradójicamente, la solicitaron por la condena a Martínez, Viloria y Díaz, asegurando que, por esa decisión, ya no será imparcial.

Más estancado está el caso de los siete políticos cercanos. A todos, después de que les imputaran cargos, se les decretaron medidas no privativas de la libertad. Desde septiembre de 2018, está pendiente que se programe la audiencia preparatoria.

Una situación similar a la del empresario Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto Gerlein, el principal benefactor de Merlano, quien hizo toda su carrera política bajo el ala de esta casa conservadora. Su audiencia preparatoria será el 25 de mayo. Dos años después de las elecciones.

La caída de esta empresa se refleja en la famosa Casa Blanca, eje central del entramado de corrupción que ahora está abandonada. Su fachada y sus rejas se encuentran descuidadas. Es hoy una construcción que parece a la espera ser derrumbada. Su verdadero origen lo revela un letrero gigante de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que advierte que ni se arrienda ni se vende. Está en extinción de dominio.

Plata en movimiento

Seis meses antes de las elecciones, en las que era candidata Aida Merlano, inicia una campaña por debajo de cuerda, que se mueve con el dinero y con la promesa de puestos. Una situación que, como explica el profesor de la Universidad del Norte, Luis Trejos, no es legal, pero sí legítima.

Funciona como una empresa con distintas jerarquías. La primera es la de los líderes de barrios, quienes reportan, a los que son conocidos como capitanes, cuántos votos darán en las elecciones. La cifra puede ir desde 10 hasta 80.

Para confirmar que sí dan lo que ofrecen, se aseguran de que sus votantes acudan a los mismos puestos, usando métodos que incluyen quedarse con las cédulas hasta el día de las elecciones y dar un avance del dinero prometido (alrededor de $50.000 por voto).

Cuando llega la fecha esperada, coordinan el transporte hasta los puestos. A la salida, cuando los votos han sido depositados, entregan lo que falta por pagar y reciben, a cambio, los certificados de votación, que luego llevan a los centros de campaña para recibir lo que les corresponde.

Para los políticos es una apuesta a largo plazo. De los votos que compran, hacen cálculos con apenas la mitad, es decir, si pagan por 100, esperan 50.

Aunque parece un juego a pérdidas, si resultan elegidos aseguran no solo el éxito, sino la existencia de la maquinaria, que mantienen a través de puestos burocráticos.

Así, el ciclo no se cierra, pues durante los siguientes cuatro años cuidan esas alianzas para que, cuando sea el momento, se reactive el poder de la maquinaria.

El docente de la Universidad del Norte Ángel Tuirán explica que este tipo de estructuras “se cimientan en una institución informal que es el clientelismo, en el que actores con recursos y poder transan con la ciudadanía para obtener votos. Es decir, dan poder a cambio de apoyo electoral y de lealtad durante un periodo determinado. Es un proceso que se desarrolla dentro de una gran estructura”.

Trejos, por su parte, señala el por qué esta dinámica no es exclusiva de un político o una casa, sino que permea a buena parte de la región: “En la costa Caribe, la compra de votos es fundamental cuando se tienen aspiraciones políticas, es transversal a cualquier tipo de elección. Hace parte de una cultura que, aunque puede ser ilegal, resulta legítima porque que no tiene sanción social. Se ha naturalizado”.

Por ahora el país está a la expectativa de qué pasará con Merlano, ahora detenida en Venezuela. Pero hay una historia que aún no se empieza a contar y sobre la cual las autoridades, como verificó el diario El Colombiano, no tienen mayores avances: ¿Cómo funcionaba esta red de corrupción electoral articulada presuntamente por la casa Gerlein, una de las familias políticas más tradicionales de la Costa Atlántica?