En una misiva de cuatro hojas, la Superintendencia de Puertos y Transporte le dio la razón a la Procuraduría General sobre los alcances de la decisión de liquidar la Ruta del Sol II.

La entidad manifestó que esta nulidad del contrato no puede "implicar el reconocimiento de pagos a favor de la concesionario", añadiendo en su intervención las respuestas de los cuestionamientos que hizo el Ministerio Público.

Sobre los alcances de la decisión que emitirá el Tribunal de Arbitramento en la que se definirá la nulidad del contrato y el monto del detrimento a la Concesionaria, la Superintendencia precisó que con la disolución y convocatoria a liquidación se deberá preservar el patrimonio de la empresa.

“La disolución de la sociedad y consecuente convocatoria a liquidación, no implica reconocer dinero o pago alguno a favor de la Concesionaria. Todo lo contrario, genera la preservación del patrimonio para que con él responda a sus acreedores, incluyendo el Estado colombiano”, dice la misiva.

Aclaró además que la Superintendencia no ha tomado medida alguna para realizar pagos o reconocer deudas de la Concesionaria. Además señaló que valoró los efectos de disolver la sociedad y convocarla a liquidación.

“Tan es así que, las sumas de dinero a favor del Estado colombiano deberán ser registradas por parte del liquidador de la sociedad como créditos contingentes.  

Frente a esto, la Procuraduría indicó que "se insistirá para que los créditos a favor del Estado, que llegare a dejar en firme el laudo arbitral o la acción popular, sean prevalentes o preferentes".

Las deudas

En 2009, el Gobierno y la firma brasilera Odebrecht pactaron una serie de contratos que lucrarían al país con las construcciones de principales vías a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Inicialmente no hubo contratiempo, pero finalizando 2016 se conoció que la firma brasilera había pagado coimas a cambio de conseguir dichos contratos. En esa oleada de corrupción cayeron miembros del Gobierno.

Pese a todo ello, los contratistas que estuvieron de por medio le exigieron al Estado colombiano cancelar una cuantiosa suma que les ayudaría a saldar deudas que les dejó este convenio. El Gobierno se ha negado a tal proposición aduciendo que el patrimonio de los colombianos no debe irse en pagos corruptos.

Ahora quien debe resolver la puja es el Tribunal Arbitramento, el balón ya está en ese lado de la cancha y será el próximo 6 de agosto cuando se conozca una decisión que puede llegar a ser trascendental en el país.