Las universidades públicas saldrán a marchar este miércoles en todo el país para exigir garantías, calidad y actualización para la educación superior, en medio de una nueva crisis financiera que afecta al sector.

La decisión del Gobierno Nacional de reestructurar el programa educativo ‘Ser pilo paga’ puso nuevamente sobre la mesa el tema de la desfinanciación que existe, y que no es nueva, en el sector de la educación pública superior, la cual se ha convertido en un dolor de cabeza para las universidades, que calculan su déficit en más de $18 billones: $3,2 billones para el funcionamiento y $15 billones en infraestructura.

La primera institución en alzar la mano y pedir un S.O.S. para este fenómeno fue la Universidad Nacional de Colombia, liderada por su rectora Dolly Montoya, quien hizo público que el plantel tenía un ‘hueco’ de 60.000 millones de pesos manifestados en la nómina administrativa y el cual debería ser resuelto antes de finalizar el año.

Montoya también evidenció que el principal ‘karma’ de las universidades públicas es la ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley pero que sí ha generado una brecha financiera, que las instituciones públicas aseguran no poder soportar a pesar de que en el Presupuesto General de la Nación para el 2018 se les destinaron $3,6 billones, cerca del 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).

Para la rectora de la universidad Nacional, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, algo que según ella “fue extraordinario para los años noventa”, pero con “un error enorme” y es que no fijó un 'techo'.

Veintiséis años han pasado desde ese momento y la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que se refleja en atrasos de nómina e infraestructura, argumenta la rectora de la Nacional.  

“La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, sostuvo Montoya, quien junto con las demás universidades estatales del país se han puesto en la tarea de pedir al Gobierno Nacional modificar el sistema de financiación de la educación pública superior a través de una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

Una crisis nacional  

Tras el pronunciamiento de Montoya, un efecto dominó se presentó en las demás universidades públicas del país, que una a una, empezaron a alzar su voz para evidenciar panoramas similares al de la Nacional. Una de ellas, pero con un déficit más alto, es la universidad de Antioquia, que hasta el día de hoy tiene un ‘hueco’ presupuestal de 68.700 millones de pesos, con menos de tres meses por delante para solventarlo.

“Estamos pasando momentos duros, creo que las universidades más golpeadas son las regionales. Al Gobierno se le ha olvidado que nosotros somos los que damos mayor cobertura educativa, llegamos hasta el último rincón para que los estudiantes no se tengan que quedar sin estudio o irse a pasar necesidades a Bogotá por unas clases centralizadas que les saldrán por un ojo de la cara”, contó el rector de la universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda.  

Arboleda señaló que esos recursos les urgen para poder terminar el año “equilibrados”, pues se está afectando el pago a los docentes con mayor preparación académica. “Si no nos entregan los recursos para operar y responder a la altísima demanda que tenemos, que va alrededor de unos 45.000 postulados por semestre y de los cuales solo logramos recibir el 10%, los cupos se irán cerrando mayoritariamente y la universidad perdiendo garantías como su bienestar institucional o herramientas para seguir con las investigaciones”, agregó Arboleda.

Al igual que las dos instituciones anteriores, la universidad del Valle del Cauca (Univalle) atraviesa un déficit de 30.000 millones de pesos que buscan solventar para poder lograr su meta de llegar a abrir 40.000 cupos de ingreso en el 2019.

Édgar Varela Barrios, rector de Univalle, expresó que “da rabia ver cómo los recursos públicos terminan yéndose por otro lado y uno es el que comienza a saltar matones para reunir lo faltante. Este S.O.S. que hemos lanzado las universidades no es de chiste o para llamar la atención como muchos creen" y resaltó que le preocupa la crisis porque es más profunda de lo que se ve o habla. "Si nosotros seguimos con un financiamiento congelado estamos fregados", concluyó.

Varela sostuvo que el Estado debe tomar conciencia sobre la propuesta de modificar la ley 30 porque allí radica el “nudo” del financiamiento que cada año se enreda más y manifestó que “es una vergüenza que los recursos públicos hayan terminado en ‘Ser pilo paga’ beneficiando a instituciones que no lo necesitaban”.

"Lo público para lo público"

Pese a que el debate de la financiación de las universidades públicas se podría interpretar como ‘una guerra del centavo’ frente a las privadas, las instituciones manifestaron que el problema iba más allá y que la molestia generada por ‘Ser Pilo Paga’ se da a razón de que $3,7 billones canalizados a través del programa pudieron haber quintuplicado la cobertura de las estatales.

“Cuando hay nuevos programas no se colocan nuevos recursos, sino que se acude a los de la universidad pública y esto pone a todos los actores del sistema a discutir por los mismos fondos”, sostuvo el rector de la universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, quien agregó que “esto no es una discusión entre las universidades públicas y las privadas, sino que se debe fortalecer a la educación en sí, sin favorecimiento a algunos actores de determinado sector”.

Para el decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda, Juan Sebastián Perilla, en Colombia la universidad pública compite con la privada ya que no tiene el presupuesto suficiente para asumir todas las exigencias que se tienen y por eso varias directivas de las instituciones públicas han asegurado que no cuentan con los recursos para el sostenimiento y el gasto en diferentes frentes.

“Esto se ha unido al programa 'Ser Pilo Paga' en donde el Estado, no solamente invirtió dinero a las universidades públicas, sino que también hizo una fuerte inversión en las privadas a través de las becas, las cuales no se limitaban solamente a una matrícula sino también con un dinero de sostenibilidad mensual. Esto ha generado un debate porque al ver el presupuesto del 2019 se le está dando más rubro al presupuesto de defensa que propiamente a la educación superior”, dijo Perilla.  

El experto resaltó que “hay una fuerte proporción de personas que no están accediendo a la educación superior. De las personas que se gradúan del bachillerato solamente van a entrar a la universidad aproximadamente la mitad, y el 60 % corresponden a los estratos 1 y 2, mientras que el 40 % restante corresponde de los estratos del 3 al 6”.

Caminar por la educación

La situación ha llevado a que las instituciones de educación superior salgan a marchar, una vez más, este miércoles incluso dando como resultado que algunos docentes entren, a partir del 16 de octubre, en huelga de hambre.

En una carta dirigida al Gobierno Nacional, los docentes de cuatro instituciones de educación superior exponen que ha “brillado un extremo mutismo” en la entrega de respuestas a las peticiones presentadas por estudiantes y profesores sobre la crisis.

“Ni una sola frase, ni un solo vocablo con luz o esperanza, ni una sola palabra que permita vislumbrar que al menos se ocupan del asunto o que están dispuestos a construir un diálogo que permita concertar una política de financiación, que resuelva en conjunto la grave situación por la que atraviesa el sector público de la Educación Superior”, escribieron en el documento Adolfo León Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica; Juan Carlos Reyes Ocampo, de la Universidad de Caldas; Luis Fernando Marín Ríos, de la Universidad del Quindío; y Luis Orlando Aguirre Rodríguez, profesor de la Universidad Industrial de Santander.

Ante el panorama de la crisis, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció que se unirá a las marchas debido a que, según ellos, “los afecta de forma directa la situación”.

“En este momento nosotros en las universidades de Colombia tenemos 15.000 estudiantes indígenas que se están formando y profesionalizando, precisamente para apoyar los procesos de nuestras comunidades y avanzar en mejorar el bienestar social con nuestros pueblos. Esta crisis que se ha desatado en el país nos afecta de manera directa a los indígenas, desde luego porque es una discusión de país”, manifestó Cesar Pullman, consejero mayor de la ONIC.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), por su parte, anunció que se unirá a las marchas de universidades públicas. El gremio de maestros asegura que la crisis por los recortes y el déficit presupuestal de la educación pública amenaza con tocar fondo.

“La educación superior pública en Colombia está al borde del colapso. Esa es la principal razón de las movilizaciones de estudiantes y profesores. Fecode apoya esta jornada de protestas porque su principal objetivo es la defensa de la educación pública integral con calidad, desde los tres grados de preescolar hasta la universidad”, argumentaron.

Mineducación responde  

En respuesta a la crisis, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que para el Gobierno Nacional es prioridad la educación pública y resaltó que para el año 2019 el presupuesto general de la nación, destinado a este sector, pasará de 37 billones a 41 billones de pesos.

"En su compromiso con la educación, el presidente Duque ha decidido incrementar en un 15% más el presupuesto educativo para que así se dé respuesta a necesidades acumuladas históricamente", dijo Angulo.

Frente a los $15 billones de inversión que reclaman los docentes y rectores, Angulo sostuvo que hay varios estimativos, sin embargo, manifestó que hay unos recursos y el Gobierno tiene previstas otras inversiones en temas de infraestructura.

“Los 15 billones es el déficit que resume el devenir anterior. Es decir, esto suma inversiones que han debido hacerse con antelación, pero también suman la proyección de todo lo que necesitaría la educación superior pública a futuro en cuestiones de infraestructura, mantenimiento y formación docente al día”, manifestó la ministra de Educación, quien además puntualizó que con el grupo de rectores, vicerrectores y jefes financieros y administrativos de las universidades han tenido conversaciones en las que se busca hacer una política pública para los próximos años que sea gradual, coherente y consistente.