La Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno Nacional que precise el concepto de “campesino” y que contabilice a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional. 

Así lo ordenó al estudiar la tutela que 1770 campesinos y campesinas presentaron para ser incluidos en el censo 2018, que ya está en marcha. 

En la determinación, la Corte reconoció que “el campesinado colombiano debe ser considerado un sujeto de especial protección constitucional y por ende, debe beneficiarse del axioma de igualdad material por vía de la adopción de planes y políticas públicas que permitan mejorar sus condiciones de índole social y económica”. 

No obstante, indicó que la tutela no es el mecanismo adecuado para que se incorporen una serie de preguntas que elaboró el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para censar a la población campesina porque no se ha definido precisamente ese concepto y no se cuenta “con estudios de factibilidad que permitan definir, con seguridad, que esos interrogantes “y no otros”, serán efectivos en aras de delimitar el volumen y necesidades de la población campesina en Colombia”. 

La Corte dijo que no se pueden pasar por alto que “se dejó pasar la oportunidad de que en el Censo Poblacional y de Vivienda 2018 se incluyeran preguntas encaminadas a determinar qué porcentaje de la población nacional está conformado por ciudadanos de origen “campesino”, bajo las pautas y parámetros que diversos estudios han ido consolidando”.