La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos de los defensores de derechos humanos perpetrados en el territorio nacional y aseguró que el Estado debe tomar medidas urgentes para proteger y brindar garantías a las personas y poblaciones en estado de vulnerabilidad. 

Según el reporte de CIDH las agresiones contra líderes de derechos humanos durante el primer trimestre del 2018 tuvo un registro alto en relación al año pasado, teniendo en cuenta que entre enero y marzo se reportaron 46 asesinatos, mientras que en 2017 se registró la mitad de esa cifra. 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (Oacnudh) señaló que entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 asesinatos y que los departamento más afectados son el Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. 

En ese sentido, durante marzo de este año, la Comisión expresó su preocupación respecto a los asesinatos ocurridos ya que estas personas desempañaban acciones para la implementación de los acuerdos de paz llevados a cabo en la Habana (Cuba). 

“La Comisión subraya que estos asesinatos se dan en un contexto de violencia más amplio que enfrentan personas defensoras en el país. De acuerdo a registros de la sociedad civil, en el primer trimestre de este año 132 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida o integridad personal”, dijo la CIDH. 

La Comisión aseguró en su misiva que la violencia contra los defensores de derechos humanos no solo afecta las garantías del ser humano, sino que también atenta con el rol fundamental que cumplen en la sociedad generando un rol amedrentador y disuasivo de la labor de defensa. 

“La labor de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia es crucial para la construcción de una sociedad democrática” señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator para Colombia y para las personas defensoras de derechos humanos. “El Estado de Colombia debe garantizar un ambiente seguro en el cual las personas defensoras puedan ejercer libremente su derecho a defender a derechos”. 

Según la Comisión entre las garantías que debe tener el Estado para los líderes de derechos humanos, es definir las líneas de investigación con la hipótesis de que la conducta ya fue cometida bajo los actos de defensa a la comunidad. 

“Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión urge al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país”, dijo la CIDH.