El juzgado Primero Administrativo de Arauca amparó los derechos de salud para los indígenas de las comunidades Inga, Sikuani, Betoy, U’wa, Hitnu y Macaguán, y ordenó que se conforme una mesa de trabajo que deberá estar liderada por el Ministerio de Salud, para que se atiendan las necesidades de 7.222 nativos que estaban afiliados a Saludvida, que entró en liquidación.

La decisión derivó de una tutela en la que se explicaba que estas comunidades, asentadas en Tame, Fortul, Saravena, Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, discriminación y debilidad manifiesta, por lo que son beneficiarias del régimen subsidiado de salud.

La tutela aseguraba que “Saludvida EPS no está garantizando los servicios (…) al no ser una EPS-l. Por lo que se considera que estos servicios debe asumirlos la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca al estar por fuera del plan de beneficios”.

Durante el trámite del recurso se conoció de la decisión de liquidar la prestadora de salud, por lo que el juez tuvo en cuenta ese escenario y señaló que las EPS interesadas en afiliar a la población indígena que tenía cobertura con Salud Vida pueden integrar la mesa que liderará el Ministerio.

“Esta mesa de trabajo deberá determinar la fuente de financiamiento de los servicios medicinales tradicionales, así como de los servicios de transporte terrestre y fluvial, tanto rural como urbano, que requieran los pacientes indígenas, para desplazarse desde sus territorios a la respectiva IPS, ida y regreso, e igualmente, la forma como se costearán los servicios de guía bilingüe y hogar de paso indígena, así como las condiciones para su procedencia”, dice uno de los apartes de la decisión.

Pero a la par de la mesa de trabajo, el juez pide que se cree un espacio para un intercambio de saberes “con los representantes de los pueblos indígenas involucrados, tomando en consideración la cosmovisión, raigambre, espiritualidad y los rasgos antropológicos” de las mencionadas comunidades.

Denuncian desplazamientos masivos en Córdoba

Setenta y tres personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré en la Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles en el Sur de Córdoba son víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, denunció la Comisión de la Verdad.

Los hechos denunciados por el organismo se vienen presentando desde el pasado 12 de noviembre. Este hecho se suma a las comunicaciones entregadas por los pobladores sobre el escalamiento de la violencia en el municipio de San José de Uré, en el cual, en lo corrido del mes de noviembre, han reportado la masacre de tres personas, al tiempo que se han dado alertas por desplazamiento masivo de la Defensoría del Pueblo. La Comisión de la Verdad hizo un llamado apara que el Gobierno Nacional “tome medidas que garanticen la vida y pervivencia en paz de las comunidades, y que se aclare y tomen medidas eficaces contra estas formas de violencia en el Sur de Córdoba. 

El sentir de las comunidades es que las medidas de protección requieren incluir el reconocimiento formal del resguardo Embera Dochama, solicitud elevada por sus autoridades étnicas hace 40 años, piden igualmente el cumplimiento concertado y efectivo del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (Decreto 660 de 2018) y estrategias de protección de la población civil y líderes.