Un nuevo informe de ejecuciones extrajudiciales, aparentemente cometidas entre 2003 y 2008 por tropas de la Primera División del Ejército, da cuenta de 164 hechos en los que habría por lo menos 300 víctimas de estos crímenes, entre los que se cuentan indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, como campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad como habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción.

El informe presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el colectivo José Alvear Restrepo desglosa los casos de acuerdo a las comandancias que tuvo la Décima Brigada Blindada. Así, por ejemplo, destacan que entre enero de 2003 y diciembre de 2004, bajo el mando de los entonces coroneles Juan Pablo Rodríguez Barragán y Néstor Raúl Espitia Rivero, se reconstruyeron 33 hechos con 45 víctimas mortales.

Para cuando la comandancia le fue entregada a los coroneles Hernán Giraldo Restrepo y Nicacio de Jesús Martínez Espinel, actual comandante del Ejército, se documentaron 22 eventos que corresponderían a ejecuciones extrajudiciales con 58 víctimas mortales. Esto sucedió entre diciembre de 2004 y junio de 2006.

La tercera fecha que aparece en el informe es el lapso entre julio y diciembre de 2006 donde se reconstruyeron 54 eventos que corresponderían a ejecuciones extrajudiciales con 90 víctimas mortales. En ese periodo, la polémica Décima Brigada Blindada fue dirigida por los coroneles Fabricio Cabrera Ortiz y Degly Pava Felmand.

Este nuevo documento pasa a engrosar el expediente del caso número 3 clasificado como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, es decir, los falsos positivos por los que ya varios militares han rendido sus versiones ante el tribunal de paz.

Mientras que entre 2007 y 2009, cuando los comandantes eran los coroneles Iván Darío Pineda Recuero y John Jairo Ochoa Pinilla, en ese periodo hubo 41 víctimas mortales en 25 eventos.

El documento se complementa con lo sucedido entre septiembre de 2005 y septiembre de 2007, cuando el general Luis Felipe Paredes Cadena y el coronel José Orlando Acosta Celi estuvieron al mando de la Segunda Brigada, adscrita a la Primera División. De ese periodo, se contabilizaron 16 hechos con 32 víctimas mortales.

Según el Colectivo, el informe entregado a la JEP “analiza patrones evidenciados frente al perfil de las víctimas, el papel de los reclutadores en las ejecuciones extrajudiciales, la relación entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares y los mecanismos de encubrimiento y de impunidad empleados por agentes y entidades del Estado”.