Álvaro Ashton, exsenador compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, fue beneficiado por ese tribunal con la libertad transitoria, condicionada y anticipada. La medida fue promulgada por la Sala de definición de situaciones jurídicas que tuvo en cuenta sus primeros aportes a la verdad y la presentación del programa de reparación de víctimas. 

El excongresista liberal había pedido pista ante la JEP por delitos de concierto para delinquir, por su relación con grupos paramilitares; por cohecho, por lo relacionado con el presunto soborno entregado para ser favorecido en procesos judiciales; por amenazas que habría proferido en contra de un ciudadano privado de la libertad, y los delitos sexuales del escándalo que se suscitó en un hotel de Barranquilla, a donde habría llevado menores de edad para sostener relaciones sexuales.

El tribunal de paz acogió competencia para los tres primeros, por lo que el escándalo del cartel de la toga abriría un nuevo capítulo esta vez desde la JEP.

El proceso por sus vínculos con paramilitares relata que entre 2004 y 2006, Ashton Giraldo se reunió con los comandantes del Bloque Norte de las autodefensas. Dice el expediente que lo que buscaba era recibir apoyo de la organización, “traducido en beneficios burocráticos y políticos en Magdalena y Atlántico para consolidar y asegurar su aspiración al Senado de la República”.

Su aporte a la verdad de este proceso está relacionado con la versión de cómo su sobrino, Fabián Ashton, fue empleado del Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), entidad cooptada por el frente José Pablo Díaz de las estructuras paramilitares entre 2004 y 2006.

Sobre el proceso de las irregularidades en el trámite de procesos en la propia Corte Suprema de Justicia se ordenó una investigación porque en su momento Ashton Giraldo con el concurso del entonces magistrado Francisco Javier Ricaurte habría pagado para verse favorecido en expedientes en su contra.

Dice la investigación que a través de Ricaurte y posteriormente por intermedio de Luis Gustavo Moreno (quien años después llegó a la Fiscalía como fiscala anticorrupción) entregó unos 600 millones de pesos para que en el alto tribunal se dilatara el proceso de concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares.

En esas pesquisas se dice que los dineros iban a ser entregados a los magistrados Gustavo Enrique Malo y José Leonidas Bustos.

En los escritos con los que solicitó su comparecencia destacó que contaría los servicios que supuestamente contrató con el entonces abogado Moreno Rivera, hoy condenado en los Estados Unidos.

La JEP en su momento precisó que estos hechos sí son de su competencia toda vez que los delitos promovidos por el excongresista “se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto armado”.

En lo que respecta a las amenazas, la denuncia fue interpuesta por Juan Francisco Segura Gómez quien asegura que Ashton ha proferido intimidaciones en su contra y demandas en su contra por presunto falso testimonio. Segura es uno de los declarantes en contra del excongresista en el delito de concierto para delinquir, por lo que la JEP también es competente para asumir el expediente.

Sobre el escándalo sexual en el que se vio envuelto el excongresista, del que en su momento se dijo que estaban involucradas unas menores de edad, la JEP sentenció que esas conductas no fueron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por lo que no estudiará este caso.