Diez días de plazo le concedió la Jurisdicción Especial para la Paz al Instituto de Medicina Legal para que entregue información sobre la desaparición de dos cuerpos que estaban en manos de forenses de la entidad y cuyo paradero se desconoce.

El hecho, de por sí de la mayor gravedad, cobra más relevancia ya que dichos despojos hacen parte de las desapariciones de la comuna 13 de Medellín.

“(Le) resulta especialmente grave a esta Sala el mencionado extravío temporal de cinco cuerpos y, al parecer, el definitivo de dos cuerpos que, según lo indicado por la Fiscalía, fueron entregados a Medicina Legal, entidad que señaló que tales cuerpos fueron inhumados de los cementerios Central y Universal”, dice uno de los apartes de la decisión del tribunal de paz.

La JEP, además, calificó el hecho como una flagrante violación a la cadena de custodia y a la vulneración de los derechos de las víctimas. El tema salió a la luz el pasado 18 de julio de boca de la fiscal Nancy Posada Ramírez, durante una audiencia pública en la que la funcionaria señaló que en enero de este año se enteraron de la pérdida de los cuerpos.

A la par con la información solicitada por la JEP, esa instancia precisó que pedirá a la Fiscalía que abra una investigación penal con el ánimo de esclarecer si detrás del hecho hubo una actuación premeditada. 

En idéntico sentido solicitó a la Procuraduría la apertura de un expediente disciplinario en contra de los funcionarios públicos que tenían a su cargo la custodia de esos despojos. 

“Una determinación, de carácter prioritario, es que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la JEP, haga una inspección de La Escombrera y La Arenera, como también del Cementerio Universal, con el objeto de levantar registros fotográficos y fílmicos de los lugares, fosas, osarios, bóvedas donde se presuma se encuentran cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada o cuerpos humanos no identificados”, señaló la JEP.

Debido a que una de las sospechas, basados en información aportada por la propia Fiscalía, es que en la Comuna 13 operó una estructura paramilitar, la JEP le ordenó al ente acusador “remitir toda la información sobre el asentamiento de dicha base en la parte alta de la comuna, de manera específica en la zona colindante a la ‘laguna’, al parecer los predios La Arenera y La Escombrera”.