Para los próximos 8 y 9 de octubre fueron citadas las audiencias públicas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en las que se busca avanzar en la recolección de información que permita tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en las zonas en las que podría haber restos de personas desaparecidas en inmediaciones de la llamada zona de influencia de Hidroituango.

Lo que se pretende es precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, de lugares formales e informales de inhumación y de cuerpos exhumados, identificados o no, en los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño.

A las diligencias fueron convocados los delegados de las alcaldías de estas poblaciones, así como representantes de la Fiscalía, EPM, la Fundación SOCYA, Hidroituango, Gobernación de Antioquia y el Ministerio del Interior.

Cabe recordar que estas diligencias tienen su origen en la petición que en agosto del año pasado hicieron delegados del Movice y representantes de las víctimas cuando “le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado".

En marzo pasado se ordena a varias autoridades antioqueñas remitir información sobre los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos del departamento, uno de ellos en los municipios aledaños al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

“La JEP solicita al gobernador de Antioquia, a EPM y a la empresa SOCYA entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños al proyecto Hidroituango”, precisa el documento del tribunal para la paz.

Esa decisión fue elevada por la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad. Lo que se presume es que en esas poblaciones existan áreas con cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada. En otras palabras, se sospecha que en esos sitios haya fosas comunes.

En esa oportunidad la JEP le pidió al gobernador Luis Emilio Pérez Gutiérrez que remitiera “el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación SOCYA, quien a partir del contrato celebrado con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con la Fiscalía General de la Nación se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango”.

Sobre este mismo contrato se solicitó información a Juanita Durán Vélez, subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la Fiscalía, y a la representante legal de la fundación SOCYA, Juan Pérez Martínez.

A esta última se le requirió “un informe detallado y por escrito acerca de las acciones realizadas para la determinación de los lugares donde probablemente se encontraban cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, así como la metodología utilizada, los protocolos establecidos, cartografía, material fotográfico y fílmico, registro de reuniones realizadas con las comunidades y con entidades oficiales; así como los resultados obtenidos”.