La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del Auto 131 de 2019, confirmó el sometimiento del general en retiro Mario Montoya Uribe a la Jurisdicción, que se formalizó en octubre de 2018.

El excomandante del Ejército es investigado dentro del expediente conocido como caso 003 que investiga los crímenes conocidos como 'falsos positivos'.

Montoya manifestó su intención de ingresar a este tribunal en julio del año pasado, por lo que en agosto se inició todo el proceso y la sala de Definición de Situaciones Jurídicas le pidió a la Fiscalía la información del proceso penal que se tenía en contra del militar retirado y programó una audiencia para el 28 de agosto para que se firmara el acta de sometimiento.

Sin embargo, como en su momento no se tuvo respuesta por parte de la Fiscalía, la diligencia se reprogramó para el 13 de septiembre, pero tras superar varios episodios, dicha sesión tuvo lugar el 17 de octubre de 2018. En esa audiencia, algunas de las víctimas manifestaron su rechazo al acto “porque no se sentían reconocidas como tal” y procedieron a retirarse de la Sala en la que se celebraba el acto.

La delegada de la Procuraduría dijo en ese entonces que ese momento inicial eran cuatro los procesos penales que se seguían contra Montoya Uribe, pero ello no significaba que no se fueran a abordar otros casos. Ello no fue suficiente y las víctimas insistieron en sus argumentos y se retiraron de la sala.

A raíz de ellos, los abogados víctimas Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Sebastián Felipe Escobar Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Germán Romero Sánchez, de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos presentaron los recursos pretendiendo que se anulara el acto de sometimiento del general retirado ante la JEP.

Lo que los abogados alegaban en sus escritos radicaba en una presunta “violación de los derechos de las víctimas a la participación y acreditación”.

“Sin embargo, la Sección de Apelación negó todas las peticiones de los abogados y consideró, en primer lugar, que la intervención de las víctimas en la JEP es proporcional. La Sección recordó, tal y como lo ha establecido la Corte Constitucional, que la actuación masiva de las víctimas podría obstruir el desenvolvimiento de una jurisdicción estrictamente temporal como es la JEP”, explicó el tribunal de paz en la providencia con la que dirimió los argumentos de los juristas.

Así las cosas, el expediente que se sigue contra Montoya Uribe continuará en la Sala de Reconocimiento para que avance en el caso 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado) y continúe con el reconocimiento de víctimas dentro del mismo.