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Martes, 9 Abril 2019 - 11:28am

Jenny Ambuila tenía para un Lamborghini pero no para pagar arriendo

La joven iba a pagar casa por cárcel, pero la sacaron por deber el arriendo y los servicios públicos.

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Jenny Ambuila.
/ Foto: Twitter
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Un hecho curioso se sumó este lunes a la polémica historia de la familia Ambuila, implicada en el escándalo de corrupción de la Dian en Buenaventura.

Una de las hijas de la familia, Jenny Ambuila, conocida en redes sociales por sus excentricidades, había recibido el beneficio de ‘casa por cárcel’, mientras se da su sentencia.

Sin embargo, al intentar ir a la residencia registrada ante el Juzgado, la joven Ambuila no pudo ingresar, pues debía dos meses de arrendamiento y cuatro de servicios públicos.

Ante la deuda, los propietarios de la vivienda decidieron cancelar el contrato.

“Dentro del último plazo de este contrato de arrendamiento, ellos incumplieron dos canon de arrendamiento. Entonces por orden del propietario se solicitó pedir el inmueble. Y también se cortaron los servicios públicos porque no se pagan desde diciembre”, explicó el abogado Miguel Ángel Sánchez, apoderado de los dueños del apartamento, en entrevista con Noticias Uno.

Se trata de una residencia ubicada en el interior del conjunto residencial Rincón de la Alamedita, en el sur de Cali.

“Esas fueron las razones por las que se pidieron la casa, no por la situación legal de la familia”, agregó Sánchez.

El episodio quedó registrado también en un documento ante el Juzgado. “Los patrulleros manifiestan que la señora no puede ingresar al inmueble, como así lo decidió el propietario de la casa”, se lee en el registro del procedimiento.

Por ahora, entonces, la joven Ambuila tendrá que permanecer recluida en la cárcel de Jamundí, mientras se le permite encontrar otra residencia para acogerse al beneficio de ‘casa por cárcel’.

A finales de marzo, la joven Ambuila, su padre Ómar Ambuila y su madre Elba Chará fueron capturados en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Desde hace por lo menos un año, la Fiscalía junto a agencias de los Estados Unidos les seguían la pista para descifrar el esquema de corrupción que estaría en cabeza de Ambuila y otros funcionarios de Dian, quienes habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura.

El ente acusador determinó que Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en la terminal marítima, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, presuntamente aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero.

A cambio de su ilícito actuar, estas dos personas y otros cómplices habrían recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica.

“Estaría demostrado que los dos funcionarios no tenían salarios superiores a los seis millones de pesos, sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen”, explicó el delegado de la Fiscalía ante el juez de garantías.

En el curso de la investigación llamó la atención que la hija y esposa de Ambuila gozaban de una vida de comodidades y así lo mostraban a través de las redes sociales. Ya en la verificación de sus movimientos financieros se constató que no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban.

En cuanto a Jenny Ambuila, se conoció que estudiaba en una de las más reconocidas y prestigiosas universidades en Estados Unidos, viajaba constantemente, recibía giros en dólares y asistía a los más famosos festivales de música electrónica en el mundo.

Las investigaciones determinaron que esta joven sería la propietaria de un vehículo Lamborghini de color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca. El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, al menos 1.000 millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016.

“Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año Ambuila no tenía bienes a su nombre”, agregó el delegado de la Fiscalía.

Colprensa

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