Ante la Corte Constitucional, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, y organizaciones sociales de derechos humanos, presentaron demanda en contra de dos artículos de la Ley de Orden Público 418 de 1997. 

En este caso, el senador demandó los artículos 2 y 3 que, a su juicio le fueron adicionados unos elementos durante diciembre pasado en el Congreso de la República, que serían contrarios a lo que rige la normativa. 

En el artículo 2, el senador explicó que la norma fue creada especialmente para “facilitar los procesos de interlocución y de diálogo en procesos de paz y sometimiento a la justicia”. Así las cosas, “el artículo lo demandamos porque crea unas zonas de orden público que prácticamente es revivir lo que fueron en el Gobierno de Álvaro Uribe la zona de consolidación, es decir, unas zonas donde se emplea una serie de procedimientos para la confrontación armada y para políticas de seguridad que pueden llegar a violar derechos humanos”. 

Cepeda aseguró que en este caso dichas zonas ahora se denominan de “intervención integral” y que las mismas pueden ubicarse incluso en lugares donde se está implementando el proceso de paz. Sería el Consejo Nacional de Seguridad la que regule donde ubicarlas. 

“Nosotros vemos que son iniciativas contradictorias además porque ponen a competir a los fondos de paz con la política de orden público”, estimó el senador. 

Una segunda demanda la hizo el congresista en contra del artículo 3 de la misma ley. En este caso lo que busca Cepeda es limitar las facultades que tiene el presidente de la República para comenzar o reiniciar un proceso de paz. 

Con la demanda, lo que buscan es que jefe de Estado deba consultar al Consejo Nacional de Seguridad las condiciones que deben ser cumplidas para poder comenzar los diálogos nuevamente.