A Roberto Prieto, director de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 y salpicado en el escándalo de los sobornos pagados por la firma Odebrecht, le siguen saliendo contratos que lo vinculan cada vez más con presuntas irregularidades.

La Contraloría General de la República, tras una auditoria al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fondo Rotatorio de la entidad para la vigencia 2012, reveló presuntas irregularidades que se dieron en la adjudicación y ejecución del contrato para la VI Cumbre de las Américas, que se realizó en Cartagena entre el 9 y 15 de abril de ese año. 

Según el informe de 162 páginas, este contrato lo suscribió el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Unión Temporal, en la que participó Marketmedios, firma administrada por Mauricio Prieto, hermano de Roberto Prieto, que también se ha visto involucrada en millonarios contratos con algunas entidades públicas, que  están siendo objeto de investigación por la Procuraduría General. 

La auditoría, presentada en junio de 2013, tuvo en cuenta el contrato de la Unión Temporal Cumbre de las Américas, resaltó que presenta inconsistencias en lo establecido en los estudios previos y lo definido en los pliegos de condiciones, así como en las adiciones presupuestales, los gastos de administración, entre otros aspectos. 

Empezamos mal

Las inconsistencias empezaron desde el mismo proceso de licitación, que tenía un presupuesto inicial de $43.500 millones para desarrollar todas las actividades logísticas y operativas que se requerían para el desarrollo de la VI Cumbre de las Américas. Allí se cambió el comité evaluador, se modificó la evaluación jurídica y se habilitó a Marketmedios para seguir en el proceso. 

El Comité Evaluador recomendó declarar desierto el proceso de selección de las tres firmas que se encontraban como oferentes (Consorcio Colombia es Cumbre, Unión Temporal Cumbre y Unión Temporal Cumbre de las Américas 2012), por razones de inhabilidad jurídica de los proponentes, pero la entidad procedió a cambiarlo sin que argumentaran las razones para la decisión. 

“El 17 de noviembre de 2011 se prorrogó el termino para adjudicar el contrato hasta el 22 de noviembre de 2011 y en sesión del Comité Asesor del 18 de noviembre de 2011, acogiendo la defensa esgrimida por los proponentes, se habilitó al oferente Unión Temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012, apartándose del concepto del abogado asesor contratado por la entidad”, dice la CGR. Lo que mal inicia, mal termina. Dentro de la auditoria también se evidenciaron sobrecostos en la ejecución del contrato, como el que surgió en el alquiler mobiliario para la cumbre. Allí, la contraloría resalta que el costo del alquiler de las sala VIP del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala había sido de $33,2 millones, pero la factura del proveedor habla de un valor de $11,9 millones.

Lo mismo sucedió con la adquisición de 300 computadores portátiles y 93 computadores de escritorio, donde se evidenció una diferencia del 238 % entre el valor reportado por el proveedor de la Unión Temporal y el valor facturado por el contratista. La primera se dio por $410 millones y la segunda se pasó por $1.071 millones.

Igual se presentó con el alquiler de ocho arcos detectores de metal por 30 días y 50 detectores de metal para todos los escenarios donde se desarrolló el evento, los cuales, según el proveedor, costaron $151,5 millones, pero la Unión Temporal cobró $276,5 millones, más costo de administración por $36,2 millones.

Para la vigilancia del Museo Naval también se evidenciaron sobrecostos de la Unión Temporal, en el contrato adquirido con Vigilantes Marítima Comercial Ltda. Por $5,98 millones, sin embargo, el consorcio contratista cobró al Fondo de la Cancillería $16,6 millones.

Gastos sin soportes

La Contraloría también resaltó el pago de gastos administrativos por $6.440 millones, que no estaban contemplados en el proceso inicial, pero que por solicitud de Marketmedios en la fase previa se había incluido. Cabe resaltar, la firma ganadora era la que cobraba el mayor porcentaje (15 %), mientras que las otras dos firmas oferentes habían propuesto el 0 % y el 0,45 %. 

También se presentó una adición presupuestal de $12.000 millones, que representaba el 27, 59 % del valor del contrato, justificando que era necesario contratar los siguientes bienes y servicios: 

- $2.800.000.000 para atender el foro de actores sociales, 

- $2.200.000.000 para operativo de salud de ambulancias medicalizadas. 

- $6.000.000.000 para difusión, transmisión de los servicios de televisión, la pre-producción, producción de dichos servicios 

-$1.000.000.000 para imprevistos.

Sin embargo, la Contraloría no encontró soporte del estudio de mercado, estudio técnico, financiero y jurídico que soportara las anteriores cifras, tampoco se describía de manera expresa y taxativa los bienes y servicios que se pretendían satisfacer con la adición.