Luego de la denuncia por el presunto viaje de varios civiles en una aeronave del Ejército Nacional a Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció una investigación para establecer las causas que llevaron a estas personas a desplazarse en el helicóptero.

Botero expresó que por lo general las aeronaves son usadas para transportar ayuda humanitaria y que los viajes a este punto se hacen con relativa frecuencia para llevar provisiones a las personas que están custodiando la parte alta de la Sierra Nevada.

“En el mes de abril fue una temporada muy difícil con relación a los arahuacos y hubo que subirles comida, hubo que prestarles todo el servicio y colaboración para llevar productos alimenticios”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Señaló que se adelantan investigaciones para identificar el motivo por el cual habían personas extras a la tripulación, ya que aclaró que “eso no es un vuelo que se hace para los civiles, eso es un vuelo que tenía otro propósito, lo que se investiga es por qué iban esos civiles en el vuelo”.

Las declaraciones las entregó Botero en su visita al Centro de Rehabilitación Integral (CRI), el cual fue inaugurado en agosto para brindar apoyo a diferentes personas que fueron mutiladas por cuenta de las minas antipersonal en el marco del conflicto armado.

Según Botero, de los 9639 uniformados que se han visto afectados se han logrado atender 5054 personas. “Tenemos la posibilidad de hacerles aquí un sinnúmero de programas que le brindan actividad física para aportar a su rehabilitación”, dijo.

Durante su intervención, el alto funcionario también manifestó que la erradicación manual de cultivos ilícitos en lo que va corrido del año ha dejado ocho personas muertas, entre ellos un policía, un erradicador y seis miembros del Ejército; y más de 40 heridas y mutiladas, donde hay siete policías, cinco erradicadores y 18 militares, entre otros.

“Con el principio de precaución que tomó la Corte Constitucional frente al glifosato, hoy tenemos que lamentar la muerte de estas personas, por lo que estamos esperando que la Corte Constitucional module su sentencia. Mientras tanto, no tenemos otro mecanismo que continuar erradicando manualmente”, destacó Botero.

También advirtió que el narcotráfico está cobrando vidas de ciudadanos que son víctimas de la violencia que se genera en las zonas donde los cultivos ilícitos tienen mayor extensión. Y aunque lamentó que este flagelo destruya desde la economía hasta el bienestar común, explicó que Colombia cuenta con 100 grupos de erradicadores, lo que demuestra que la Fuerza Pública está cumpliendo con su labor constitucional, incluso a costa de su vida.

“Entre el primero de enero y el 6 de agosto de 2018 se erradicaron 29.500 hectáreas de coca. Una vez inició este Gobierno, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de ese año, se erradicaron 30.500 hectáreas. Es decir que en menos tiempo hicimos más”, dijo.