Este jueves inició el I Congreso Internacional ‘Hacia la Construcción de una Nueva Política Penitenciaria en Colombia’, un evento que organiza la Procuraduría General de la Nación y que tiene como intención sentar las bases para una política penitenciaria y carcelaria.

El procurador Fernando Carrillo, hizo especial énfasis en la necesidad de realizar una discusión amplia para humanizar el sistema y ser creativos ante la situación que vive hoy el país, sin que se llegue a decir que lo mejor es una constituyente.

“No creo que para solucionar la grave problemática carcelaria y la crisis de la justicia se tenga que recurrir a una constituyente. No podemos ser rehenes del chantaje, ni prisioneros de espíritus vengativos", afirmó el jefe del ministerio público.

Actualmente, dijo, el hacinamiento está en un 48,4 %, porque el Estado ha sido incapaz de encontrar una salida efectiva a este problema.

“En 136 establecimientos penitenciarios en Colombia, se albergan 116.788 personas según información del Inpec. Una sobrepoblación de 38.098, es decir, un índice de hacinamiento del 48,4 %. Pero el número total de personas privadas de la libertad es de 181.109 de los cuales 55.836 tienen detención preventiva, detención domiciliaria, 3797 cuentan con dispositivo electrónico, 3166 están en cárceles territoriales, 1612 son miembros de la Policía y el Ejército, donde 93 % son hombres y 7 % mujeres", dijo.

Ante ello aseguró se debe abrir la discusión y por parte de la Procuraduría planteó algunas propuestas. La primera, generar una política de choque en el corto plazo “para romper las barreras que impiden el deshacinamiento y la humanización de las cárceles”.

“Sé que no es rentable políticamente para los alcaldes construir cárceles, máxime en los tiempos preelectorales, pero es obligatorio que todos hagan su aporte (...) no se trata de votos, sino de vidas humanas que exigen garantías a sus derechos”, dijo.  

Dijo también que la Procuraduría articulará su labor con la de la Defensoría del Pueblo y las personerías, y reforzará las medidas preventivas y disciplinarias para la vigilancia a la contratación de recursos públicos destinados a solucionar la crisis en el sector.

Y resaltó que es necesario revisar la política criminal y penitenciaria y “disminuir el peso de la justicia mediática en las decisiones que afectan la libertad de las personas”.

Fiscalía sigue en contra de la excarcelaciones del 1 de junio

En el marco del Congreso, también intervino el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien criticó nuevamente la ley 1786, que permitirá la excarcelación de los presos en el país que llevan más de un año sin condena.

“Hay hacinamiento pero no podemos resolverlo a ‘tabla rasa’, que es la política que ha tratado de imponerse en los últimos años y que la Fiscalía General no comparte. Hay una realidad empírica y sociológica y es que el daño que se le causa a la sociedad es distinto entre unas y otras conductas, luego los beneficios no pueden ser los mismos”, afirmó Martínez.

Al respecto, precisamente el presidente Juan Manuel Santos, quien instaló el evento, se refirió al tema diciendo que no es cierto que se piense que la mejor solución al hacinamiento es excarcelar.

“(…) No implica renunciar a seguir ampliando y mejorando nuestra infraestructura carcelaria, no, y de acuerdo a nuestras limitaciones fiscales, ni mucho menos como algunos han dicho, nuestro objetivo es excarcelar a mucha gente para reducir los índices de hacinamiento. Eso es una forma bastante equivocada y avances malintencionada de ver las cosas”, dijo el mandatario.

Pero para el fiscal la ley desconoce la realidad procesal, al plantear que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año, porque en ese tiempo debe haberse emitido condena.

“El sistema penal acusatorio está haciendo en este momento agua, en el momento tenemos represados 112 mil audiencias a lo largo de todo el país”, dijo, agregando que el número de jueces penales de 1994 es el mismo de ahora.