Otra de las comisiones que fue creada en el marco del proceso de paz con las Farc para  garantizar el desmantelamiento de cualquier organización criminal o conducta que atenten contra la implementación de los acuerdos de La Habana, fue activada  desde ya por el Gobierno Nacional.

Se trata de la Comisión General de Garantías de Seguridad, cuyo objetivo principal es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal contra todas aquellas amenazas que puedan poner en riesgo el éxito de lo que se pactó en Cuba.

Este grupo también estará encargado de armonizar las políticas que se establecieron y garantizar su ejecución.

La Comisión está conformada por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; Defensa, Luis Carlos Villegas; y Justicia, Rodrigo Londoño; el fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el defensor del Pueblo, Carlos Negret, y el director de la Unidad Especial de Investigación que hace parte del punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En ella también estará el comandante General de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez y el director general de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto. El presidente Juan Manuel Santos será quien lidere la mesa.

El grupo político que surja de las Farc deberá tener, igualmente, asiento en esta Comisión. En vista de que ese proceso todavía no se ha materializado, dos representantes escogidos por la mesa asumirán la vocería del grupo guerrillero: ellos son  Jaime Caicedo, miembro del Partido Comunista Colombiano y Camilo González Posso, exministro de Salud del Gobierno de César Gaviria.

A la Comisión General de Garantías de Seguridad también asistirán dos representantes de las plataformas de Derechos Humanos y se podrán invitar miembros de partidos políticos y organismos nacionales e internacionales que tengan presencia en el territorio colombiano.

Funciones

Formulará y evaluará el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas que amenacen los acuerdos de paz.

Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas criminales. 

Coordinará con las autoridades departamentales y municipales la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de la Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal. 

Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones criminales.

Solicitará a las autoridades la remisión de informes y hará seguimiento del contenido de los mismos.

Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niños, adolescentes y población LGTBI.

Hará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten o promuevan la creación de las organizaciones criminales.

Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado, con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos. 

Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas criminales.

Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión de Garantías, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y a la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.

Hará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de Inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas criminales.

Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.

Bogotá | Colprensa