La Procuraduría colombiana suspendió e inhabilitó por dos meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por acusar de corrupción "sin pruebas" a un funcionario que estaba bajo su cargo, informó este viernes el Ministerio público.

"Hernández Suárez acusó sin pruebas a un funcionario de la Alcaldía de actos de corrupción y hurto de recursos de la contratación del municipio (...) el 17 de abril de 2017, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia del ciudadano y causando daño en la salud del mismo", detalló la entidad en un comunicado.

Según la Procuraduría, el alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, trató con "irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud" al funcionario.

En ese sentido, corroboró que el burgomaestre también "calumnió al funcionario por presunta apropiación de dineros de obras que se realizaban en la Alcaldía, el 25 de septiembre de 2017, en una actividad con uniformados de tránsito".

Con ello, Hernández atentó contra la "estabilidad emocional" del funcionario y la de su familia, y también lo expuso a amenazas tras revelar su número de celular en una rueda de prensa en la que incitó a la población a que lo censurara públicamente para "que diera explicaciones de presuntas irregularidades en su conducta".

Por lo anterior la Procuraduría calificó la conducta del alcalde como "faltas graves a título de culpa gravísima, por violación de normas de obligatorio cumplimiento y menoscabo del capital moral de una persona", ante lo cual el burgomaestre presentó una apelación que será sustentada el próximo miércoles.

Por otra parte, Hernández reafirmó su denuncia en un comunicado publicado por su despacho este viernes y aseguró que el funcionario y una firma consultora "desfalcaron a la Alcaldía de Bucaramanga en más de 600 millones de pesos (unos 189.079 dólares) durante la administración anterior, en el marco de un contrato para diseñar centros de salud".

Es por eso que exhortó a los organismos de control a actuar "en defensa del patrimonio público, a investigar y a sancionar a los responsables de dicho desfalco y no a los que lo están denunciando".

El pasado 30 de noviembre el Ministerio público ya había suspendido por tres meses y abierto una investigación al alcalde por golpear al concejal Jhon Claro durante una discusión.

Ese hecho ocurrió el 28 de noviembre, cuando el concejal Claro acusó a un hijo del gobernante de estar vinculado con actos de corrupción.

La reunión entre Claro y Hernández, que ha perdido en varias oportunidades los estribos en público, comenzó en una oficina de la Alcaldía y fue subiendo de tono hasta que terminó en la agresión física.