Poco a poco se conocen detalles de las víctimas de la masacre registrada en la zona rural de Corinto, al norte del Cauca, quienes eran personas que prestaban servicios laborales a la empresa huilense Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud, Fundipros.

De acuerdo con información aportada por la Policía, el representante de dicha empresa se comunicó con este grupo de profesionales en la mañana de ese jueves, cuando salía de El Palo, Caloto, hacia Corinto. 

Después no volvió a tener comunicación con ellos.

Ya en la tarde, fue contactado por funcionarios del Ejército, luego del hallazgo de los cuatro cadáveres. El representante legal, tras ver las fotografías que circularon, corroboró que se trataban de los funcionarios de dicha empresa.

Así, entonces, se reconfirmó la información que los pobladores aportaron luego del hallazgo los documentos de identidad de las víctimas en la misma escena de los hechos: carnés, cédulas, tarjetas profesionales, documento de inscripción electoral quedaron esparcidos entre los cuerpos sin vida, los cuales presentaban tiros de gracia. Uno de ellos, un poco aparte de los demás, si presentaba una amplia herida en el cuello.

“Se trata Diego Alejandro Cerquera Picón, de 21 años, estudiante del Sena y de la universidad Corhuila, donde cursaba octavo semestre de ingeniería industrial, llevaba una semana laborando en Fundipros, en una pasantía. La otra persona, quien movilizaba a los demás en una camioneta Nissan Frontier, era Roosevelt Saavedra Solarte, quien era oriundo de la capital del Huila”, explicaron periodistas de dicho departamento, donde la noticia causó conmoción porque Cerquera Picón era el hijo de un exconcejal del municipio de Palermo.

De acuerdo con los familiares de Diego Alejandro Cerquera Picón, la comisión que integraba adelantaba trabajos topográficos en la región donde aparecieron muertos, de hecho, dos aeronaves no tripuladas y un multirrotor o multicóptero que portaban para sus labores terminaron en poder de los delincuentes.

Luego, se corroboró que las otras dos víctimas eran Carlos Mario López, un ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, de 31 años de edad, y el suboficial jefe de la Armada colombiana Diego Hernán Torres, a quien se le encontró un carné que lo acreditaba como integrante activo de la fuerza pública colombiana.

“El grado del señor, y que aparece en esa tarjeta, representa que lleva más de 20 años al interior de la institución”, indicaron oficiales de la Armada.

Luego del hallazgo, y del trasladado de los cadáveres a Medicina Legal, en el municipio vecino de Miranda, el Gobierno Nacional adelantó, a puerta cerrada, un consejo de seguridad con el mando militar, donde se tomarán medidas para evitar que se presenten esta clase hechos, más cuando es la segunda masacre, en menos de una semana, que se registra en el norte del Cauca.

“La hipótesis que cobra más fuerza es que a ellos los asesinaron porque sospecharon que realizaban labores de inteligencia, más cuando a uno de ellos les encontraron documentos que lo acreditaba como integrante de la fuerza pública. Es que es el segundo caso de estas características que sucede en este municipio, a principio de octubre fueron asesinados dos fotógrafos y un funcionario de la Sijín de la Policía cuando se movilizaban por el área rural de este municipio”, indicaron líderes sociales de Corinto.  

Y es que ahora el norte del departamento es un escenario de guerra entre las disidencias del Ejército de Liberación Nacional, EPL, o Los Pelusos e integrantes de las Dagoberto Ramos de la Farc, grupo que se apartó del proceso de paz. La razón: en este punto están las más extensas plantaciones de marihuana del suroccidente Colombiana, además, complejos para la elaboración de cocaína.  

De ahí que la guerra entre estos grupos termine por crear zonas vedadas hasta para fuerza pública, donde son los violentos los que imponen su ley. Por eso, y la única forma de llegar, es como lo hizo el Ejército esa noche martes luego de la masacre de cinco nativos en Toribío: con artillería pesada.

Corinto, hasta el momento, reporta 62 muertes violentas, en este 2019, según cifras de la Fiscalía. Aunque puede existir más casos, porque algunos no son reportados por la comunidad.  

También, y a raíz de ese fenómeno de lucha territorial, hay seis personas desparecidas en este municipio desde el 28 de mayo, luego que llegaran a la zona desde la ciudad de Cali a realizar unas diligencias.

Germana Ayala, docente y columnista de varios medios del país, dijo que esta clase de medidas del gobierno, militarizar,  sólo contribuiría a incrementar el conflicto en dicha región, la cual es un corredor clave para el narcotráfico para llegar al pacífico colombiano como hacia el centro del país.

“Está suficientemente probado que las medidas militares no van al centro del problema. Lo que se debería establecer, por ejemplo, es una autoridad  cercana a las autoridades que tenga la confianza de las comunidades para acercarnos a una solución colectiva”, agregó el profesor Ayala.

Mientras tanto, Giovanni Yule, vocero político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric,  expresó que pese a presencia de numerosos batallones del Ejército en área del departamento, el gobierno no ha podido ofrecer garantías de seguridad a las comunidades indígenas, ni campesina  “Todo obedece a un antecedente histórico como a la poca presencia del Estado en la región”, acotó el líder nativo.

Ahora, y tras esta nueva masacre, se espera que el gobierno se pronuncie frente a este caso para resolver dudas que surgieron en torno a estos ciudadanos: ¿No sabían a donde llegaban? ¿Realizaban tareas de inteligencia?