Gran polémica originó la petición de información reservada y de inteligencia que la Comisión de la Verdad le hizo al Ministerio de Defensa, todo con el fin de avanzar en el procesos de esclarecimiento de los hechos criminales ocurridos en el marco del conflicto armado que sufrió Colombia durante los más de 50 años de conflicto interno. 

A pesar de esto el presidente de la República, Juan Manuel Santos, autorizó la entrega de la información solo con una restricción, que los documentos no contengan datos que puedan comprometer la seguridad nacional.  

La petición se hizo con base en el decreto 588 de 2017, con el que se avala la facultad de la Comisión para solicitar información relacionada con violaciones de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y crímenes de lesa humanidad, contenida en documentos clasificados u objeto de restricciones, así mismo, el grupo tiene la obligación de mantener en secreto dichos documentos.  

La Comisión también solicitó bases de datos de víctimas y familiares de las Fuerzas Militares y Policías, afectados por acciones inherentes al conflicto armado, y protocolos para tratamiento de mujeres combatientes capturadas o desmovilizadas y procedimientos para evitar casos de discriminación o acosos al interior de las Fuerzas.  

Ante las dudas generadas El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, para conocer las razones por las que hicieron la solicitud de la información y el tratamiento que se le va a dar a ella.  

¿La información solicitada, lo es a partir de qué año?

Solicitamos información desde 1953, es una información muy grande que pedimos amparados en el mandato de hacer un esclarecimiento de la verdad sobre todo lo que nos pasó en Colombia en el conflicto armado interno y queremos no solamente conocer los hechos ocurridos a partir de los años 70, sino los hechos anteriores, que nos ayuden a entender la forma en la que el conflicto se originó y desarrolló.  

¿Cuánto tiempo calculan les tomará analizar la documentación?

El análisis se desarrollará durante tres años, nosotros tenemos un grupo significativo de personas, en el que fuimos rigurosos en su selección para que analicen la información de la forma más prudente y conveniente.  

¿Cómo garantizarán que no se den fugas de información con estos documentos? 

Toda la información tendrá una protección muy rigurosa, convenida con las partes que nos la entreguen, de tal manera que la protegeremos con protocolos muy serios. En segundo lugar, hay información que nosotros no recibiremos, sino que iremos a los sitios en donde está y la revisaremos directamente en los archivos en los que está contenida y otra la recibiremos por medio de diálogos como los que vamos a hacer con las víctimas en todo el país.  

Llama la atención la cantidad de información que solicitan relacionada con protocolos internos de la Fuerza Pública ¿A qué se debe esta petición?

Nosotros enviamos una carta interna al Ministerio del Interior, dentro de las conversaciones habituales que tenemos con esa cartera; son conversaciones respetuosas, serias, muy profesionales de lado y lado. El hecho de que la carta se filtrara, no tenemos explicación de por qué ocurrió eso..., pero hacen parte de conversaciones internas. La comunicación tiene tres capítulos que son muy distintos, la mayor parte son documentos históricos, de los que tenemos copia, la segunda parte toca asuntos de inteligencia y contrainteligencia, para lo cual nosotros estamos facultados por decreto; la tercera parte es una autorización para poder tener diálogos con personal de las Fuerzas Militares. Es en esa segunda parte a la que se refieren con la pregunta es información delicada, pero no es información que nos vayan a dar en forma de copias sino que vamos a ir allá y analizar esos temas.  

¿Deben compartir esa información con el tribunal de la JEP?

No, no necesariamente. No compartimos la información, sino que tenemos la obligación de no hacerlo, no podemos utilizar la información que allegamos de tipo histórico o confidencial para que eso sirva en procesos legales. El paso de información viene de la Justicia Transicional hacia nosotros cuando la necesitemos, no para aclarar justicia jurídica sino para comprender problemas históricos y humanos de la guerra, no podemos pasarle a la JEP la información, ni los testimonios que tenemos, porque debemos cuidar que nada de eso sea utilizado judicialmente.  

¿Además del Ministerio de Defensa a qué otras entidades del Estado le han solicitado información?

Lo hemos hechos con la Fiscalía, la Procuraduría, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras e internacionalmente. Por el momento, hemos acudido a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y ya la recibimos del Centro Nacional de Memoria Histórica.