Tan sorprendidos como indignados se mostraron familiares de algunos de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia (noviembre de 1985) tras las declaraciones de los fiscales asignados al caso, en el sentido de que durante la toma y recuperación del máximo escenario de la justicia no hubo desapariciones forzadas. 

La tormenta se inició con las declaraciones que Jorge Ricardo Sarmiento, fiscal investigador, le dio a Noticias Caracol en las que señalaba que “las 11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas”. 

Tras esa declaración ser armó ‘la de Troya’ en el Búnker. Al jalón de orejas que le dieron a Sarmiento se sumó la orden de que saliera a “aclarar lo dicho” y en varias intervenciones a medios manifestó que el ente investigador no puede concluir que no hubo desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

"No podemos descartar del todo, tenemos que seguir investigando. Pero quiero resaltar el trabajo después de 33 años, porque realmente le hemos seguido la pista con cuerpos muy deteriorados, calcinados”, dijo el fiscal. 

Pero la tormenta ya estaba desatada y los familiares de las víctimas se siguen preguntando cuál era la intención de una declaración de esa magnitud por parte de un funcionario investigador que tiene a su cargo uno de los casos más sensibles de la historia reciente del país y que marcó un hito en la lucha del Estado frente al terrorismo. 

Jorge Franco es el hermano de Irma Franco, la integrante del M-19 que hizo parte de la toma al Palacio de Justicia y cuyos restos no han aparecido. Su familiar recuerda que el Estado fue condenado por ese caso, de allí que se pregunte “¿de dónde esa afirmación de la Fiscalía?”. 

“Esa frase raya en lo inverosímil. Si no hay desaparecidos, por qué después de 34 años no han entregado ni nos han dicho dónde está Irma Franco. Todos los procuradores que conocieron del caso dijeron Irma Franco salió viva y está desaparecida”, acotó Jorge.

En este caso también hay una sentencia del Tribunal de Bogotá en contra del Estado y una providencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo sentido. 

Por eso, para Jorge “es inaudito que venga ahora la Fiscalía a decir que todos ellos se equivocaron. Si es así, entonces que vayan a la CIDH y les digan que se equivocaron en su fallo”. 

Una propuesta inviable

El asalto por parte de la entonces guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia le ocasionó la muerte a lo más granado de la jurisprudencia nacional: 11 magistrados de las más altas calidades intelectuales fueron asesinados, entre ellos Alfonso Reyes Echandía, por cuya memoria el Palacio ahora lleva su nombre. 

También murieron 48 personas, entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública que hicieron parte del operativo para la recuperación del control de la sede del órgano judicial más importante del país, tras la llamada operación Antonio Nariño por los derechos humanos, como fue denominada por parte de la cúpula del M-19. 

Casi 34 años después las heridas no se han cerrado y este episodio protagonizado por el fiscal Sarmiento ha desencadenado nuevas decisiones en el ámbito judicial. Una de ellas el recurso de recusación que interpusieron los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, una de las víctimas de desaparición, en contra del fiscal Jorge Hernán Díaz Soto, jefe de Sarmiento y del equipo investigador que tiene a cargo del tema. 

Jorge Molano, abogado de la familia Rodríguez, dice en la recusación se basa en que hubo un prejuzgamiento en el caso tras las declaraciones de Sarmiento. 

“Inquieta el tratamiento que ustedes – dice Molano en su escrito – que han dicho investigar los hechos del Palacio de Justicia durante numerosos años, hoy con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas, manifiesten que entre las víctimas de desaparición forzada se encuentra “Pepito Pérez”, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de justicia interno y la sociedad conocen que nunca se ha demandado por la desaparición de esa persona, razón por la cual la burla de este funcionario es indignante”. 

En el memorial se trae a colación la sentencia de la CIDH que la próxima semana tendrá una audiencia privada de revisión a esa providencia para saber qué ha hecho el Estado para continuar las pesquisas frente a este episodio. Esa diligencia se cumplirá el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia, sede Bogotá, aunque Colombia había propuesto que se realizara en las instalaciones de la Cancillería, propuesta denegada ya que desde la CIDH consideraron que no era un “escenario neutral” para hablar del caso. 

Todo apunta a que habrá otro jalón de orejas para la Fiscalía porque el ente investigador ha incumplido sus tareas de avanzar en las pesquisas, según la abogada Jomary Ortegón, que ha llevado el caso ante esa instancia. 

Dice Ortegón que “la Fiscalía lo que va a justificar es que no han seguido líneas investigativas porque lo que han encontrado es que las personas no estaban desaparecidas, sino que hubo errores de entrega”.

Este cambio de estrategia también incluiría la propuesta de que el caso ahora pase a ser de manejo exclusivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lo que a consideración de analistas sería una oportunidad más para que desde los sectores que atacan ese órgano se continúe con la campaña de desprestigio en su contra. 

Fuentes consultadas, que entregaron su declaración con la condición de que se mantuviera la reserva de su identidad, insistieron que si el expediente queda en manos de la justicia transicional en uno o dos meses se iniciaría una presión mediática y en redes sociales en contra de la JEP para que muestre los resultados que la Fiscalía no ha dado en décadas. 

Sobre este punto, la abogada Ortegón plantea que esa iniciativa se constituye en una ofensa para los familiares ya que deja el caso en un limbo jurídico lo que a todas luces va contrario al derecho internacional humanitario

“Basta recordar que la JEP abre un caso o porque hay un compareciente que sea sometido y que quiere decir la verdad, o porque hay un informe de víctimas o de la Fiscalía que active la competencia de la JEP, o porque el Tribunal ha decidido priorizar el caso. Ninguna de estas tres circunstancias se ha dado”, expone Ortegón.  

La JEP tampoco puede asumir el caso ya que la sentencia de la CIDH es enfática y sostiene que el caso debe seguir en manos de la justicia ordinaria y no debe ser asumido por la justicia transicional. 

“Como es una orden de carácter internacional esperamos que eso dé pie para que esta propuesta que ha dado la Fiscalía sea revocada y cumpla sus deberes de investigar”, concluye la abogada. 

Esta orden sería la que profiera la CIDH en su sesión de la próxima semana acá en Bogotá. Sería mediante una resolución de cumplimiento en la que se ratifique que el caso le compete a la Fiscalía. 

¿Se pueden revisar las sentencias proferidas?

Entre de los interrogantes que surgieron tras las polémicas declaraciones del equipo de fiscales es si ello daría pie a que se revisaran las sentencias proferidas en contra de militares por estos casos. Al respecto, Jomary Ortegón sostiene que no sería así ya que las palabras de los fiscales no desvirtúan ninguna de las pruebas en las que se basaron en las investigaciones y en las que se basó la CIDH para proferir sus decisiones. 

“Hay vídeos de personas saliendo con vida de mano de militares. Ese hecho, de tener esas grabaciones, como en el caso de Carlos Rodríguez en el que se le ve saliendo con vida, es imposible que la Fiscalía pueda sostener que no hay desaparición forzada”, señaló.

Los que faltan

Tras la recuperación del Palacio de Justicia por parte de las tropas, se empezó a hablar de 11 personas desaparecidas. Con los años, los restos de seis de ellas fueron hallados y entregados a sus familiares. 

Las cinco personas de las que aún no se sabe su paradero son Irma Franco (integrante del M – 19), Carlos Rodríguez (administrados de la cafetería, Gloria Anzola, David Suspes y Norma Constanza Esguerra.