Las imágenes muestran cómo, entre la basura, niños y adultos de la comunidad indígena Amorúa, quienes viven en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, están obligados a buscar algo para comer entre la basura.

La denuncia, que se conoce desde hace un par de años y que incluso ha sido evidenciada por la Defensoría del Pueblo, sigue estando viva en el país, donde de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), la pobreza multidimensional afecta a 2 millones 431 mil hogares en el país.

El noticiero de RCN Televisión publicó en su edición de este lunes un informe sobre este asunto. En el informe retrata estas dolorosas escenas, en las que se ve cómo los niños comen algo que alguien ya botó a la basura.

@ICBFesProtección | “No vamos a permitir que niños Amorúa permanezcan en relleno sanitario de Puerto Carreño expuestos a todo tipo de riesgos. Personalmente lideraré acciones del Gobierno para que menores de edad reciban atención y cuidado”: Directora ICBF.

— Bienestar Familiar (@ICBFColombia) October 1, 2019

Incluso, la Defensoría del Pueblo, desde el 22 de julio del año pasado, pidió al Gobierno Nacional intervenir para evitar que esto se siga registrando.

La @DefensoriaCol constató problemática social y condición de vulnerabilidad de la población indígena Amorua en el relleno sanitario de Puerto Carreño (Vichada), donde en la basura buscan alimentación, ropa y donde habitar, ante la imposibilidad de acceder a servicios sociales. pic.twitter.com/SEE98Kcb72

— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) July 22, 2019

“La @DefensoriaCol solicita al Gobierno Nacional la atención inmediata a esta población indígena que atraviesa por esta grave situación humanitaria”, se lee en el trino publicado por la Defensoría, luego de constatar, en terreno, esta “problemática social y condición de vulnerabilidad de la población indígena Amorúa en el relleno sanitario de Puerto Carreño (Vichada), donde en la basura buscan alimentación, ropa y donde habitar, ante la imposibilidad de acceder a servicios sociales”.

Al respecto, el alcalde de Puerto Carreño, Marcos Pérez, explicó que luego de la denuncia de la Defensoría, “hicieron presencia más de 30 funcionarios del Gobierno Nacional y se creó un plan de atención, pero a largo plazo. Necesitamos que nos ayuden”.