Luego de dos días de audiencia en el Complejo Judicial de Paloquemao y tras varios percances técnicos, la Fiscalía General de la Nación terminó la imputación de cargos en contra de cinco exdirectivos de la Refinería de Cartagena y dos extranjeros de la firma contratista CB&I, por el desfalco de 610.000 millones de pesos en la ampliación de Reficar.

La diligencia continuará este jueves cuando se espera que los directivos anuncien si aceptan o no los cargos.

La Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público a Orlando Cabrales, presidente de Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yanez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar 2009-2017; y Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol 2008.

Igualmente, imputó cargos a Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal CB&I 2009; Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar entre 2013-2015, y a Philip Kent Asherman, representante legal CB&I en 2010.

El desfalco

Juan Andrés Rondón, fiscal del caso, aseguró que los directivos de Reficar, Orlando José Cabrales, Felipe Laverde Concha y Pedro Alfonso Rosales Navarro se beneficiaron con dos contratos a la firma CB&I, de la cual Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman fungían como representantes legales.

Cabrales, Laverde y Rosales habrían fraguado una estrategia para beneficiar a la firma CB&I mediante un plan que consistía en modificar la modalidad base del contrato reembolsable y en retirar la responsabilidad que tenían de presentar una oferta económica para el megaproyecto.

Según la Fiscalía, Rosales Navarro desde 2008 sabía que CB&I no se encontraba en disposición para presentar dicha oferta como correspondía y, además, conocía de su poca experiencia para asumir la construcción de la Refinería.

Según el fiscal, durante 2004 CB&I ya había concursado en la licitación de la Refinería de Barrancabermeja, en el cual obtuvo la más baja calificación para asumir la modernización. Y, pese a conocer todo esto, Rosales Navarro liberó a CB&I de toda responsabilidad, contraviniendo lo pactado en el contrato 2007, que seguía las directrices del Conpes 3312.Reveló también el fiscal que durante julio de 2009 se realizó un acta en la que Rosales firmaba el compromiso para llevar a la junta directiva la aprobación de CB&I del contrato en la modalidad de costo reembolsable.