En la mañana de este jueves un juzgado de Bogotá se abstuvo de imponer una detención preventiva en contra de Rubi Corredor, procesada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con la adquisición de un apartamento que posteriormente llegó a manos del senador Armando Benedetti.

Corredor fue detenida en el aeropuerto ElDorado en el momento en que planeaba salir del país. De allí lo expuesto por el representante del ente acusador en el sentido de que era necesaria la medida de detención en prisión ya que existía riesgo de fuga y, por ende, la no comparecencia a la justicia.

En su explicación, la jueza que presidió la audiencia reconoció que “puede inferirse, de acuerdo a los elementos que muestra la Fiscalía, un riesgo de no comparecencia de cara a esa eventual facilidad que tiene la ciudadana de salir del país. En efecto, en las interceptaciones aportadas se pone de presente esa intención de radicarse incluso en el extranjero”.

Sin embargo, anotó que la medida de prisión preventiva en establecimiento carcelario era una decisión “intensa” que no resulta adecuada para la imputada.

Así las cosas, a Corredor únicamente se le prohibió salir del país ya que se tuvo en cuenta que no tenía antecedentes penales y demostró un arraigo en su sitio de domicilio. La jueza, no obstante, advirtió que en caso de que se incumpla alguna citación ante el estrado se levantará esa medida y se impondrá “una más gravosa” como lo puede ser la reclusión en una penitenciaria.

Lo que investiga la fiscalía

De acuerdo con el ente acusador, Corredor Ruiz compró, por medio de subasta, un apartamento ubicado en el norte de la capital. Lo que es extraño para las autoridades es que la mujer no tenía suficiente capital monetario para adquirir un bien de tal magnitud.

“Lo adquirió sin contar con la capacidad económica para ellos (…) Se inician labores investigativas con esto hay evidencia física que puede concluir que usted no tenía capacidad económica para adquirir el inmueble antes mencionado si no que se trató de un presunto blanqueo de capitales y encubrir el origen ilícito de unos recursos”, señaló la delegada de la Fiscalía en la imputación de cargos.

El reporte de las autoridades da cuenta que la administración del inmueble se adelantaba por parte de una entidad estatal dado que lo había incautado a un reconocido narcotraficante. Pero para que la mujer lo adquiriera fue por medio de una subasta que realizó la misma.

Corredor Ruiz disputó con más de cuatro oferentes, sin embargo, ella con soportes demostró que podía solventar los 1.600 millones de pesos con los que consiguió el inmueble, actuación que le pareció irregular a la Fiscalía.

“El proceso de adjudicación estuvo rodeado de un sinnúmero de irregularidades que permiten concluir su manipulación, existen incongruencias entre las manifestaciones adquiridas por usted respecto a esta negociación y reportes bancarios que determinan la forma de pago”, señaló la Fiscalía.