Unos 11 infantes murieron de inanición en enero en el país.
ICBF detectó 898 niños con desnutrición el año pasado en La Guajira

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detectó en 2015 a 898 niños desnutridos en La Guajira, el departamento más afectado por este flagelo que dejó 11 muertos en enero.
Tras un rastreo en tres de los municipios más septentrionales del país, el ICBF encontró “898 niños que estaban en estado de desnutrición y 91 madres gestantes con bajo peso”, señaló el organismo en un comunicado.
La zona rural de la Alta Guajira, poblada por indígenas wayú y con localidades muy dispersas y reducidas, presenta “uno de los grandes retos” para las administraciones, según el ICBF.
En las últimas semanas, medios locales informaron de varios fallecimientos de niños por desnutrición o enfermedades relacionadas con la falta de alimentos en esa zona.
El último dato oficial, difundido por el Instituto Nacional de Salud, eleva a 11 los menores de cinco años muertos por desnutrición en todo el país durante el mes de enero y destaca a La Guajira como uno de los departamentos más afectados.
El presidente Juan Manuel Santos mantuvo una reunión con varios miembros de su gabinete para analizar la situación en La Guajira.
“¡La muerte de un solo niño por hambre o desnutrición es una vergüenza para nuestro país!”, exclamó.
El procurador Alejandro Ordóñez, señaló que es inadmisible que cualquier niño muera de hambre por la omisión y por la ineficiencia del Estado. Desde Santa Marta, el procurador Ordóñez Maldonado condenó la muerte de niños por causa de desnutrición en La Guajira e informó que la entidad adelanta acciones preventivas y disciplinarias frente a los responsables y por sobre todo para garantizar los derechos de los más vulnerables.
“Este problema es viejo, no es de hace un mes o de hace quince días. Este problema no se presenta con los episodios de la semana pasada. Desde 2013 la Procuraduría y la Contraloría advirtieron las deficiencias del Programa de Alimentación Escolar, han hecho advertencias y las han reiterado. Hay medidas cautelares de la CIDH”, dijo.
El procurador señaló igualmente que es inadmisible que estos casos se produzcan “mientras uno observa que hay ríos de dinero para otras actividades públicas y del Estado, frente a la alimentación de los niños existe esta dramática omisión del Estado, “eso es un homicidio inadmisible”.
*Resumen de agencias
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